Julian Assange ha comenzado a cumplir la condena de 50 semanas de cárcel, casi la pena máxima de un año a la que podía ser sentenciado según la justicia británica, por violar los términos de la libertad condicional que le fueron impuestos hace siete años.

En el 2012 el cofundador de WikiLeaks optó por pedir asilo en la embajada de Ecuador, donde pasó siete años, para evitar ser extraditado a Suecia, tras ser acusado por dos mujeres de varios delitos sexuales, que siempre ha negado. Assange, de 47 años, había agotado para entonces todos los recursos en los tribunales británicos para evitar su entrega. El pasado 11 de abril, cuando el Gobierno de Quito le retiró la concesión de asilo, los agentes de Scotland Yard pudieron entrar en la embajada y proceder a su detención. El tiempo que el australiano ha pasado en prisión desde aquella fecha le será reducido de la sentencia, la mitad de la cual la cumplirá en la cárcel, mientras que el resto podría hacerlo bajo el régimen de libertad vigilada.

Assange saludó puño en alto a unas pocas docenas de simpatizantes congregados a la entrada del Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, donde tuvo lugar la audiencia. La sala del juicio estaba, sin embargo, repleta de periodistas. El abogado de Assange, Mark Summers, trató de exculpar a su cliente del que leyó una carta en la que pedía «perdón» a todos los que consideren que no les ha «tratado con respeto», pero, a modo de justificación, afirmó haberse encontrado «luchando con circunstancias aterradoras» cuando decidió solicitar asilo en la sede diplomática. «Hice lo que en ese momento creía que era lo mejor o quizás la única cosa que podía hacer», añadió el periodista en su misiva.

Según su abogado, Assange estaba desesperado y temía ser secuestrado y trasladado a la fuerza a Estados Unidos, por haber desvelado secretos diplomáticos de aquel país. Pensaba que, si era extraditado a Suecia, acabaría quizás en la base naval de Guantánamo. «Había un riesgo grave de malos tratos incluida la tortura y la muerte» y eso «no eran imaginaciones suyas, había un temor razonable de que ocurriera». Para Summers, el hecho de que Assange eligiera permanecer confinado en las habitaciones de la embajada ecuatoriana, sin apenas espacio, sufriendo depresión y dolores por varios problemas médicos, en lugar de pasar 12 meses en una cárcel británica, mostraba hasta qué punto tenía miedo.

La jueza Deborah Taylor rechazó, sin embargo, todos los atenuantes presentados por la defensa. «Es difícil imaginar un ejemplo más grave que esta ofensa», señaló. «Usted explotó su posición privilegiada para burlarse de la ley y hacer publicidad internacionalmente de su desdén por las leyes de este país». La magistrada le recordó que incluso aunque el principio de la investigación había cooperado, no era él quien debía «decidir la naturaleza de su cooperación con la investigación sueca».

También le acusó de tratar de retrasar y torpedear todo el proceso permaneciendo en la embajada. Una estancia, recordó la jueza, que ha costado a los contribuyentes británicos 16 millones de libras (18,6 millones de euros) en vigilancia policial. «Es fundamental que nadie esté por encima o por debajo del alcance de la ley», recalcó.

Kristinn Hrafnsson, editora jefa de WikiLeaks, calificó la condena de «ultraje» y «de naturaleza vengativa», a la salida del tribunal. «No nos da mucha fe en la justicia del Reino Unido, de cara a la batalla que tenemos por delante», consideró.

Mañana comienza en el Tribunal londinense de Westminster el proceso de extradición por ayudar a la que fuera analista de los servicios de inteligencia estadounidenses Chelsea Manning a obtener las claves de acceso a miles de documentos secretos.