El fantasma de la suspensión de pagos sobrevuela una Venezuela que no puede salir de su laberinto financiero. El hundimiento del precio del petróleo y de la economía venezolana en estos últimos años han colocado al país al borde de la bancarrota. Se viven horas cruciales en Caracas, donde se celebra una reunión con acreedores que comenzó ya ayer. El Gobierno quiere reestructurar su enorme deuda externa en medio de presiones, maniobras especulativas y poca confianza en la salida de esta crisis. El viernes vencieron 81 millones de dólares en concepto de intereses del bono Pdvsa 2027 (Petróleos de Venezuela SA) y las autoridades no confirmaron el desembolso.
Ayer mismo debían pagarse otros 200 millones de dólares. Y no solo eso: aún faltan cancelar en lo que queda de noviembre y diciembre al menos 1.470 millones de dólares. De ahí que las agencias Fitch, Standard and Poor’s y Moody’s rebajaran la calificación de la deuda venezolana, dando por sentado que la suspensión de pagos será inevitable.
«Han jugado a que Venezuela se declare en bancarrota. Nunca. Venezuela siempre tendrá una estrategia clara y ahora nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda», dijo el domingo Nicolás Maduro. El presidente fundamentó su optimismo en que el 91% de los tenedores de bonos venezolanos decidieron negociar.
NEGOCIADORES PROHIBIDOS / Diversos analistas financieros desconfían de un resultado positivo de esta cita debido a un factor determinante: las sanciones de EEUU contra el Gobierno chavista prohíben a sus inversionistas negociar deuda venezolana. El 70% de los acreedores son estadounidenses y canadienses. El diario El Nacional añade otra complicación. Maduro nombró como principales negociadores al vicepresidente Tareck El Aissami y al ministro de Finanzas Simón Zerpa. La Administración de Trump sancionó a estos dos funcionarios y prohibió a sus ciudadanos cualquier trato con ambos.
El mundo de las finanzas tiene un ojo puesto en Caracas y otro en Manhattan. La Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) debe pronunciarse sobre el retraso en el pago de 1.161 millones de dólares del bono 2017 de la petrolera Pdvsa. Las autoridades venezolanas aseguran haber realizado el depósito días atrás. Pero los acreedores no confirmaron esa transferencia.
La ISDA podría declarar que Venezuela no ha cumplido con sus obligaciones. Para el chavismo, las calificadoras de riesgo son parte de la «guerra financiera» que lanzó Trump meses atrás. Sus augurios, sostiene Caracas, carecen de credibilidad. La oposición, por su parte, cree que Venezuela está atrapada en un callejón sin salida en la medida en que no modifique su política económica, monetaria y fiscal.
«Para un refinanciamiento eficiente se necesita un plan eficiente», dijo el consultor Asdrubal Oliveros. El diputado de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) José Guerra consideró por su lado que es indispensable detener la caída en la producción petrolera. Venezuela es dependiente del crudo que vende. Sin embargo, la OPEP advirtió que en octubre pasado extrajo menos de dos millones de barriles diarios, su nivel más bajo en casi tres décadas.
Buena parte de los dólares de las exportaciones se ha destinado al pago de la deuda. Según Maduro, en los últimos cuatro años se han destinado 71.700 millones de dólares para cancelar esos compromisos. En ese periodo, la caída de la economía fue del 36%. Las importaciones cayeron (solo en el 2016) el 52%.
