«Un acorazado contra una barquichuela de inmigrantes». Así definió Domenico Lucano el proceso judicial sobre el que ayer comenzó la vista oral en la localidad de Locri. Es una de las capitales tristemente conocidas por las crónicas sobre la Ndrangheta, la mafia de Calabria, el mayor distribuidor de cocaína del mundo, según datos de la DEA estadounidense y del tribunal de Reggio-Calabria.

Lucano era alcalde de Riace, un pueblo de 1.800 habitantes, y había organizado en la localidad un sistema de acogida de inmigrantes que era considerado como una ejemplo para Italia y Europa. La revista Fortune le había incluido en la lista de las 50 personas más influyentes del mundo. El pasado octubre fue despojado de sus funciones y obligado a salir del pueblo, por orden judicial, con la acusación de haber favorecido la inmigración clandestina y por algunas supuestas irregularidades en la licitación de la recogida de basuras, en la que participaban una parte de los 450 inmigrantes acogidos en el municipio.

Ayer fue de nuevo condenado al exilio por el tribunal de Reggio Calabria, que no tuvo en cuenta una decisión previa del Tribunal Supremo. Lucano había sido condenado porque, según el tribunal, podía «repetir esos delitos» a pesar de que ya no ocupa el cargo.

Ayer, durante los procedimientos previos al proceso, en el que están acusadas otras 26 personas, los jueces de la vista oral admitieron también al Ministerio de Interior como acusación particular contra el exalcalde.

Las políticas de Salvini

En concreto, las políticas migratorias de Salvini -que propugna los «puertos cerrados»- contra un alcalde que había transformado su pequeña comunidad en un centro de acogida, pacífico y activo, bien visto por la mayoría de sus habitantes. Palermo y otras capitales de la península también han desobedecido algunos aspectos de las políticas migratorias de Interior, pero no les ha sucedido nada.

A pesar de no ser ya alcalde, de no haber sido elegido en el municipio y de vivir alejado de la localidad, el tribunal reiteró ayer la sentencia de distanciamiento del pueblo, medida que durará hasta que el actual proceso no concluya en el Supremo, lo que puede suponer varios años.

«Este destierro es como ser obligado a pagar una pena incluso antes de la condena, antes de que comience el proceso», comentó Lucano al llegar al tribunal de Locri. «Solo me queda el consuelo de que hay y ha habido tantas personas que sufren injusticias, incluso más que yo, pero sobre todo que aquí y en Italia hay también muchas personas solidarias y que comparten el proyecto político de Riace», dijo el exedil.

Al preguntarle si esta era una causa política, el exalcalde se limitó a subrayar que se trata de «un proceso en el que la política tiene mucho que ver» y que a veces tiene «la impresión de que la justicia existe solo o sobre todo para las categorías sociales que tienen más posibilidades o bien ocupan cargos importantes». «Yo no soy nada», aseveró. La insistencia que se aprecia en las acusaciones contra Riace se constata con los cinco tribunales que han intervenido en el asunto.

Unas 1.000 personas del lugar y del resto de Italia se acercaron hasta la villa para apoyar al exalcalde. «Lo que sucede con los inmigrantes es una verdadera emergencia humana», dijo Lucano. Y citó las palabras del papa Francisco el pasado domingo: «Cerrar los puertos a los seres humanos y abrirlos al tráfico de armas significa que el mundo va a la deriva».