El fiscal José Javier Polo ha afirmado este lunes que el proceso judicial contra Sandro Rosell no es una "persecución contra nadie" y ha apuntado que el expresidente del Fútbol Club Barcelona debe continuar, por ahora, en prisión. La acusación pública ha defendido la legalidad de la investigación que en su día abrió la fiscalía, ha sostenido que la Audiencia Nacional es el órgano competente para juzgar el presunto blanqueo de dinero de 19,9 millones de euros y ha rechazado la nulidad de algunas actuaciones solicitada por las defensas. El juicio ha sido suspendido a las 14.25 horas y continuará mañana.

El expresidente del Barça, a través de su abogado Pau Molins, ha solicitado este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por presunto blanqueo de 19,9 millones de euros que reconsidere su decisión de mantenerlo en la cárcel y proceda a su libertad, aportando por si es necesario para una eventual fianza su patrimonio embargado de 30 millones de euros. Desde que en mayo del 2017 ingresara en un centro penitenciario, ha reclamado más de una decena de veces la excarcelacion. Según el letrado, el exmandatario azulgrana no puede preparar la defensa desde la prisión y se le ha privado, así, de poder acceder a sus documentos para probar su inocencia.

En las cuestiones previas, el abogado de Rosell ha denunciado la supuesta vulneración de derechos fudamentales, como el abuso de la prisión preventiva, el acceso a un juez imparcial o la presunción de inocencia y de defensa. El defensor ha afirmado que en otros casos por hechos más graves, como el de La Manada (abusos sexuales a un joven durante los Sanfermines del 2016) o en la presunto fraude de Fórum Filatélico, los procesados están en libertad.

Asimismo, ha explicado que se está vulnerando el derecho del acusado a un juez imparcial, pues el tribunal juzgador es el mismo que ha mantenido en prisión al expresidente del Barça. "Existe el peligro de que los magistrados inicien el juicio contaminado por la tesis de la acusación", ha sostenido. Después, ha subrayado que "alguien podría pensar que Rosell empieza el juicio con una alta probabilidad de condena, tras tanto tiempo en prisión. Una absolución sería difícil de asumir habiendo estado casi dos años privado de libertad".

El letrado de Rosell ha planteado la incompetencia de la Audiencia Nacional para juzgar dos de las tres operaciones que se le imputa al acusado porque se realizaron en países extranjeros (Brasil y Andorra), donde no existe el delito de blanqueo de capitales. Por ello, reclama el archivo de esta parte que está relacionada con el presunto lavado de comisiones ilegales. Y sobre el tercer negocio presuntamente delictivo, la presunta venta simulada de una sociedad, sí se hizo en territorio español, pero la defensa ha reclamado que los magistrados se inhiban a un juzgado de Barcelona. Molins ha calificado de "mero artificio" presentar a los acusados como organización criminal. En su opinión, la acusación del fiscal en su conjunto es "una abrazadera totalmente forzada para intentar mantener la competencia de los tribunales españoles en las tres operaciones".

Nulidad de actuaciones

El abogado, Andrés Maluenda, que representa a otro imputado, el andorrano Joan Besolí, ha pedido la nulidad de diligencias de investigación abiertas por la fiscalía antes de que se abriera la causa ("es una investigación prospectiva") y la comisión rogatoria remitida a Andorra. "Nunca se ha buscado la verdad", ha insitido. Ha llegado insinuar la necesidad de pedir medidas diciplinarias contra la jueza instructora, Carmen Lamela. El letrado José María Fuster-Fabra, que defiende a Marta Pineda, la mujer de Rosell, ha lanzado un símil futbolístico al describir que en Brasil no se ha cometido delito alguno. "Aquí estamos planeando un partido que puede ser fascinante, pero no hay pelota", ha recalcado. El resto de imputados también han reclamado nulidad de actuaciones, aunque uno de ellos ha detallado "la crueldad innecesaria" que han padecido algunos acusados, en concreto Joan Besolí, al que la juez no permitió salir de la cárcel tras el accidente de un hijo.

El fiscal, por su parte, ha pedido que se tenga en cuenta la declaración de Romário en el jugado como "prueba preconstituida". La defensa de Rosell ha aportado, además de nuevos informes, un correo electrónico del abogado del expresidente de Ricardo Terra Teixeira, expresidente de Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en el que comunica que su representado no puede declarar ni por videoconferencia.

Organización criminal

La Seccion Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha empezado a juzgar al expresidente del Barça por liderar una organización criminal que acabó blanqueando más de 19,9 millones de euros del que fue presidente de CBF entre 1989 y 2012, Terra Teixeira. La Fiscalía reclama para él 11 años de prisión. La vista se ha iniciado con las cuestiones previas planteadas por la fiscalía y los abogados defensores.

Rosell ha sido trasladado desde Cataluña a la prisión madrileña de Soto Real, haciendo escala en un centro penitenciario de Zaragoza. Familiares y amigos del exmandatario azulgrana se han desplazado a la capital de España para asistir a la vista. El juicio ha estado interrumpidado durante unso 15 minutos por problemas de sonido en la sala. Después, han continuado las defensa con sus alegaciones, como la presunta vulneración de derechos fundamentales y la no competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el caso. Dos de las operaciones, según el letrado de Rosell, se produjeron íntegramente en el extranjero y no tienen vinculación con España. Y la tercera, a su entender, debe ser remitida a los juzgado catalanes.

Junto al expresidente del Barça, que lleva en prisión provisional desde mayo de 2017, se sentarán en el banquillo su mujer, Marta Pineda; el abogado andorrano Joan Besolí -también en prisión preventiva-, el cuñado de éste, Antonio Ramos; su amigo personal José Colomer, y su presunto testaferro, Sahe Ohanessian, todos ellos acusados por la Fiscalía como integrantes de "una estructura estable" que desde al menos 2006, se dedicó "al lavado de capitales a gran escala".

La acusación se centra, en primer lugar, en Uptrend Developement, la sociedad participada por Rosell y Besolí que hizo de intermediaria en los contratos de derechos audiovisuales para la emisión de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol que la CFB presidida por Terra Teixeira firmó con International Sports Event, una labor con la que ingresaron 8,3 millones de euros parte de los cuales serían una mordida para él.

Las cuentas de sus amigos

Para poder hacerle llegar ese dinero de origen ilícito, según sostiene la fiscalía, los amigos de ambos, Ramos y Colomer, prestaron sus cuentas bancarias y las sociedades que administraban, de modo que el dinero acabó pasando por un entramado societario coordinado por Besolí en bancos de Andorra y acabó apareciendo invertido en un inmueble en Florida del que Terra Teixeira participaba.

La acusación pública señala además una segunda operación: la presunta "venta simulada" de una empresa de la que participaban Rosell y su mujer, Bonus Sport Marketing, que con un capital de 4.000 euros fue vendida por más de 13,5 millones a una mercantil libanesa en una operación que "no fue real" y que les habría servido para traer a España ese dinero de origen ilícito relacionado con Terra Teixeira.

Aquella venta, siempre al entender de la fiscalía, era parte de la misma operación para blanquear el dinero de Terra Teixeira: los más de 6,5 millones de euros que recibieron por la venta de Bonus Rosell y Pineda formaban parte del mismo acuerdo entre Uptrend y la International Sports Event, de modo que al final, fueron 14,9 millones de euros "los fondos que se distrajeron" de la empresa audiovisual "con ocasión de la venta de los partidos amistosos" de la selección brasileña de fútbol, cantidad que luego se habría blanqueado.

Los argumentos de la defensa

Algo similar ocurrió con el contrato de patrocinio de la firma Nike para la selección de Brasil firmado en noviembre de 2008. Una empresa brasileña de Rosell (Ailanto) habría hecho de intermediaria para la CBF por 26 millones de euros de los que él se llevaría 12, de acuerdo a la documentación intervenida en los registros. Tres meses después, Terra Teixeira ingresó 5 millones de euros en una cuenta en Andorra de una sociedad controlada por el acusado, dinero que acabó pasando por cuentas y sociedades del resto de implicados. Terra Teixeira no está acusado en España, pero ha sido investigado en su país.

Para la defensa de Rosell, "no existen indicios de actividad delictiva alguna", pues el origen del dinero percibido por el expresidente del Barça era "línicito". El abogado Pau Molins aargumenta que la CBF es una entidad privada y que no sufrió perjuicio alguno, sino todo lo contrario, dobló sus beneficios por partido amistoso convirtiéndose en la mejor pagada del mundo por la intermediación del exmandatario azulgrana.