El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prometió ayer impulsar una partida presupuestaria de hasta un máximo de 1.500 millones de euros en tres años para equiparar los salarios de policías y guardias civiles con los de los mossos, pero no convenció ni al resto de partidos políticos ni a los representantes de las fuerzas de seguridad del Estado (FSE). Aunque el compromiso fue bien acogido, sindicatos policiales y asociaciones sindicales mostraron sus recelos ante uno de los puntos: «Sustituir cualquier derecho de carácter sociolaboral que no tengan reconocido los mossos por aquellos» que sí tengan estos cuerpos de las fuerzas de seguridad del Estado y que no afecten, en el caso de la Guardia Civil, a su naturaleza militar. Y si no fuera posible, según el documento, las cantidades destinadas a financiar tales derechos se restarían de las partidas presupuestarias para el aumento del salario. Un enunciado que no gusta porque podría afectar a derechos laborales como la segunda actividad, los complementos de destino o a las casas cuartel de los guardias civiles.

El ministro se comprometió a «solicitar» el incremento de las partidas del capítulo I (gastos de personal) de los próximos presupuestos de ambos cuerpos «hasta que sea la misma cantidad por agente que desarrolla su actividad» en la Policía y en la Guardia Civil que la existente para financiar a los mossos.

Sin embargo, las asociaciones de guardias civiles emitieron un comunicado en el que expresaban su decepción porque el ministerio no había concretado ninguna cifra para el 2018 y «solo hay un compromiso político de impulsar la financiación de la equiparación». Las ocho asociaciones exigen 500 millones ya para este año y exclusivamente dedicados al capítulo I y consideran que «a una mesa de negociación se va con dinero en la cartera y no con el compromiso de impulsarlo o solicitarlo». Y avisan de que si a la mesa de trabajo, que se creará en virtud de esta propuesta, el ministerio no va con un mínimo de 500 millones para el 2018, «será imposible llegar a ningún acuerdo».

Por su parte, José Antonio Calleja, secretario general del Sindicato Profesional de Policía (SPP) y portavoz de todos las organizaciones en unidad de acción sobre esta reivindicación, valoró la promesa del ministro porque supone «un paso muy importante». Pero avisan que no permitirán recorte alguno en otros derechos laborales como contrapartida.

El PSOE calificó de «postureo» la propuesta por su «ausencia de contenido» y «falta de compromiso». El portavoz de Interior de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, acusó a Zoido de intentar vender mercancía «caducada». Y Podemos pidió una equiparación «sin clausulas engañosas ni abusivas».