El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido utilizó un tono muy distinto al utilizado por la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría la víspera ante el tribunal del 'procés'. En un tono tranquilo, pero sin permitirse titubeos explicó que según le había informado el secretario de Estado de Seguidad José Antonio Nieto "no se habían cumplido las previsiones a las que se habían comprometido los Mosssos" el 1-O, circunstancia que significó el fin del principio de auxilio al Cuerpo autonómico y como policía judicial por el que se realizó el despliegue.

Según el exministro, la actuación de la Policía y la Guardia Civil ese día "fue proporcionada dados los sucesos de ese día", en referencia a la celebración del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. "Por lo que a mí me dijeron no se vieron unidades de intervención de los Mossos", insistió en el sentido de que "no se había cerrado ningún colegio y había concentraciones que impedían la orden judicial". El exsecretario de Estado de Seguridad declarará como testigo ante el tribunal el próximo lunes.

"Ante un referéndum que se había declarado ilegal y que se estaba alentado a la participación y sabiendo que tenía que intervenir, el dispositivo de los Mossos era totalmente insuficiente, dijo Zoido. Siempre me he preguntado qué hubiera pasado si no se hubiera alentado el referéndum y qué hubiera pasado si en lugar de los 7.000 mossos que actuaron hubieran estado los 12.000 habituales, con el apoyo de 6.000 guardias civiles y policías", indicó.

Explicó que el primer contacto del ministerio con la fiscalía para coordinar un dispositivo fue a partir del 8 de septiembre, tras la suspensión de las leyes de referéndum y transitoriedad. A continuación citó las instrucciones fiscales el día 12, en las que no se plantea la posibilidad de un refuerzo a los Mossos. Añade que desde la secretaría de Estado se empezó a hacer una valoración a medida que se aproximaba el 1-0, tras el 20 de septiembre, día en que se habían producido unos 40 registros y una veintena de arrestos, así como manifestaciones de protesta. El día 22 la fiscalía interpuso la primera denuncia, por la que fueron a prisión los responsables de la Assemblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Según el ministro, ese día le mandó al conseller de Interior, Joaquim Forn, la notificación de que dada las circunstancias se reforzaría la presencia de policía y la Guardia Civil, como auxilio o refuerzo a los Mossos. Ello supuso el envío de un contingente de 6.000 agentes para que actuaran como policía judicial en apoyo de la policía autonómica. Debía también incautar todo lo que se le requería y "mantener la vigencia de la Constitución y la soberanía nacional. Los del auxilio a los Mossos cambia en un momento", añadió.

El abogado de Forn, Javier Melero, fue muy incisivo a la hora de preguntarle sobre la instrucción del secretario de Estado que pasaba de hablar en labores de auxilio a la posibilidad de que los mossos fueran inoperantes.