La crucaza de Vox contra la violencia de género continúa y esta vez en la Asamblea de Madrid. La formación de Santiago Abascal se ha negado a apoyar las declaraciones institucionales que el Parlamento madrileño ha ido promulgando para condenar la violencia machista. El argumento, según ha explicado la portavoz de extrema derecha, Rocío Monasterio, es que la iniciativa no se amplia a "todos los asesinatos" y discrimina a "niños varones que mueren en el ámbito domestico".
El texto que han propuesto desde Vox manifestaba "su más enérgica repulsa y condena ante el asesinado de la víctima de violencia de género". Además de expresar sus "condolencias a su familia y amistades". La propuesta del partido radical también incluía que la Asamblea de Madrid reafirmase su "compromiso firme de combatir toda forma de violencia contra toda persona vulnerable y en cualquier circunstancia".
Debido a que para aprobar cualquier declaración institucional es necesario el apoyo de todos los grupos del Parlamento, la iniciativa no ha podido salir adelante.
ANTECEDENTES DE ANDALUCÍA
Nada más cristalizar el cambio de gobierno de PP y Cs en Andalucía con su apoyo, Vox dejó claro su lucha contra la "ideología de género", y en febrero pidió, sin éxito, auditar al Instituto Andaluz de la Mujer porque según sus cálculos solo el 2,8% de presupuesto está destinado a ayudas directas a la mujer. Y poco después, en abril, cargaron contra un sistema de salud público que "como norma general, anima a las mujeres a abortar". Consideraban que las mujeres en esta situación sufren "presión psicológica" y se ven coartada su libertad de expresión, dijeron en el pleno del Parlamento andaluz.
En mayo, Vox logró respuesta a su petición de datos sobre los trabajadores de las Unidades contra la Violencia de Género. Fue su primera petición, y tuvieron que rehacerla debido al rechazo del Parlamento a facilitar una información que chocaba contra la ley de protección de datos. La formación lo intentó pidiendo únicamente la titulación de esos trabajadores y su puesto, con el objetivo de comprobar si están capacitados o no para atender a las mujeres. Se comprobó que únicamente no estaban afiliados a su colegio profesional, pero la Junta defendió que eso no menoscaba su formación.
En junio, Vox centró sus esfuerzos en negar la existencia de la brecha salarial, un mito, dijeron, similar al de la "chica de la curva". Llevaron incluso a pleno una proposición no de ley para rechazar ese "falso planteamiento ideológico" en la Administración. Fue el momento más convulso para la formación, ya que su jefe de filas tuvo que dar un paso atrás después de criticar la sentencia condenatoria de la Manada. Un fallo, dijo Francisco Serrano, "dictado por la turba feminista supremacista" y que provoca que "hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer, podría terminar con el impotente en prisión". Serrano pidió una baja por enfermedad durante todo el mes de julio y regresó a sus labores justo a finales de julio, cuando la cámara se pilla vacaciones. Desde entonces, está en segunda fila y las labores de coordinación las asume otro diputado, Alejandro Hernandez.
CONTINUA LA CRUZADA
En ese mes de julio, Vox pidió cambiar el Instituto Andaluz de la Mujer y convertirlo en Instituto Andaluz de Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Su tesis es que se ha convertido en un "chiringuito ideológico" y el dinero de las subvenciones no llega a las víctimas, sino que se lo quedan órganos creados por los partidos políticos para mantener estas actividades lobistas.Sus actividades, han repetido desde entonces, "no son de utilidad pública" y que cuestan "mucho dinero" a los andaluces. Durante ese mes, los diputados de la formación también se centraron en subrayar que las denuncias por violencia de género "no tienen fundamento ni base real" y son "instrumentales".
Por si fuera poco, ese mes de julio, tras el asesinato machista de una mujer en Málaga y el suicidio del agresor, el portavoz Alejandro Fernández equiparó ambas muertes. "La muerte es igual de grave en uno y en otro caso, lo que tenemos que ver es qué es lo que lleva a que se produzcan ese tipo de situaciones", dijo, "eso es contra lo que hay que luchar, y no se va a poder hacer nunca desde una perspectiva ideológica".
Además, llevó a pleno una proposición no de ley para reducir los abortos mediante la fórmula de dar a cada gestante en situación de vulnerabilidad y menor de 30 años 250 al mes hasta el momento del parto. Argumentaban que "hay una clara correlación entre los fondos que destinan las administraciones públicas a las mujeres embarazadas y el número de embarazos interrumpidos". Pedían además la creación de una red de Centros multidisciplinares de Atención a la Madre Gestante, para dar asistencia, apoyo e información.
En septiembre, la formación de ultraderecha logró que la Junta ponga en marcha un teléfono de Atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, que no sustituye de momento al de atención a las víctimas de violencia machista y que se suma a los ya existentes también para menores (teléfono del menor) y personas mayores (el teléfono de teleasistencia).
