A nosotros, el domingo, no nos dijeron nada del Consell de la República». La frase, textual, es de una voz de ERC, y aunque con leves modificaciones insustanciales, es corroborada por otra voz del partido. Sirva el detalle para expresar que los republicanos asisten entre estupefactos e irritados a los volantazos que pega Carles Puigdemont en el timón del proceso secesionista a cuenta de su más que improbable investidura. En el seno de ERC, los sí pero no aunque quizá del líder en Bruselas no pasarían de ser anecdóticos si no fuera porque cada día que no se acuerda un procedimiento que permita un Govern «efectivo desde el primer minuto», como demanda ERC, es un día en que sigue vigente la aplicación del artículo 155.

Sin embargo, los republicanos creen que la idea de un Gobierno alternativo en Bruselas dirigido por Puigdemont, lleve el nombre que lleve, encaja con la propuesta que lanzó Oriol Junqueras de una estructura con doble mando. Son conscientes de que el expresidente solo aceptará una salida que no implique que él se quede sin poder ejecutivo, al menos sobre el papel, y están dispuestos a transigir si ello acelera la investidura.

ERC recibió a finales de la semana pasada el mensaje de que Puigdemont había encontrado la solución al puzle de su investidura. Para conocerlo de primera mano debían acudir a Bruselas. Esa solución pasaba por un simulacro de investidura del expresidente a cargo de una asamblea de electos y de otra, esta de verdad, de un Ejecutivo en Barcelona. Según se señaló, por parte del entorno de Puigdemont, la propuesta incluía el nombre del famoso plan b, Jordi Sànchez. Pero el nombre del presidente de la ANC no apareció, ni el suyo ni el de otro, en la reunión dominical entre JxCat y ERC.

Sea como fuere, los republicanos volvieron a Barcelona dándole vueltas a la propuesta. Lo veían complicado, aunque no imposible. Quedaban flecos bastante irresolubles, por ejemplo el proceder hacia la doble investidura: se convocaba un pleno de investidura y el secretario de la Mesa leía un documento, que era el discurso de Puigdemont. Es decir, lo que se quería pergeñar el 30 de enero, el día en que el presidente del Parlament, Roger Torrent, acabó aplazando la sesión. La novedad residía en que en ese discurso, el propio Puigdemont daba un paso al lado a favor de X (la incógnita ya se despejará, se supone).

Los límites de los republicanos son los que fija Junqueras desde la cárcel. Y en esa vía tiene un peso decisivo la determinación de no sacrificar efectivos para conseguir victorias pírricas, es decir, por obtener algo que el Tribunal Constitucional va a suspender en segundos.

LA AMENAZA DEL TC / Cuando aún estaban digiriendo todo este proceso, apareció en La Vanguardia la nueva propuesta de Puigdemont, la del Consell de la Republica, un verdadero Gobierno de la Generalitat del que emana, a modo de franquicia, el Ejecutivo autonómico. Sorpresa y lanzamiento a la papelera de lo que ERC entendía que era una propuesta seria. «Cualquier movimiento que implique modificar leyes o reglamentos va ser suspendido a los pocos segundos por el Constitucional», apuntan fuentes republicanas, aunque ERC está dispuesta a profundizar en la idea.

Tanto los republicanos como la CUP siguen reclamando a Puigdemont y su entorno más concreción. JxCat propone compartir el poder al 50% con los republicanos en el nuevo Govern, y se está negociando, antes de saber qué ocurre finalmente con la investidura, quién ocupa cada área y su peso. La amenaza de unas nuevas elecciones, que esgrimen los sectores más cercanos al expresidente cada vez que las negociaciones se tuercen, sigue en el aire, aunque la gran mayoría de dirigentes del independentismo creen que supondría arriesgar de manera irresponsable la ajustada victoria -en diputados- que lograron el 21 de diciembre.

Mientras tanto, Puigdemont dio ayer una nueva muestra de que su objetivo es seguir «molestando» al Estado -según lo describen fuentes de JxCat-, y de lo que podría ser un Govern en Bélgica dirigido por él. El expresidente huído celebró un acto con miembros de la ANC en Lovaina en el que se comprometido a trabajar para que «las cosas se normalicen». Es decir, para que se le permita mantener el poder.