Nuri Manzanares y Enric Vicente perdieron a sus dos primeros hijos en el atentado de Hipercor a manos de ETA. Ella perdió además a su hermana, que fue la que acompañó a los menores al centro comercial ese 19 de junio del 1987. Con el anuncio del fin de la banda armada, aún son muchas las heridas que quedan abiertas y la historia de esta pareja demuestra que las cuentas pendientes no quedan arrinconadas solo en el bando terrorista.

Casi 32 años después de ese atentado, Nuri y Enrique aún no han sido reconocidos como víctimas del terrorismo. "Nos dicen que las secuelas que tenemos no son de acto terrorista porque no estábamos allí", espeta Nuri, ante los micrófonos de RAC1. Durante todo este tiempo, asegura que no ha recibido ninguna comunicación del Gobierno. "Seguimos teniendo muchos problemas burocráticos, de administraciones, sentencias que nos han recorrido. Aún espero que alguien del ministerio del Interior me llame diciéndome si necesito algo. Nunca en la vida. Y se llenan la boca de palabras afirmando que están con las víctimas", reprocha.

SIN COBERTURA

Nuri desvela que no recibe ninguna ayuda por parte del Estado. Más allá de que no se la reconozca como víctima, por no haber presenciado el lugar y momento de los hechos, tampoco se le reconocen sus heridas emocionales y el terror de ver truncada su familia a manos de la banda armada.

Tanto ella como su marido solicitaron la baja por impacto terrorista pero, lejos de parecérsele, les asignaron un permiso por "enfermedad común". Llevaron esta resolución ante los tribunales y la ganaron. Pero al cabo de unos meses, el ministerio del Interior decidió recurrir y entonces les bloquearon su recibo. Para más inri, su marido tuvo que devolver las pagas dobles que le habían abonado.

DEMANDA AL ESTADO

Álvaro Cabrerizo, ahora ya fallecido, fue el primero que demandó al Estado como responsable civil subsidiario en el 1995 después de que la organización terrorista asesinara a su mujer y sus dos hijas. Presentó su requerimiento ante la Audiencia Nacional, y otras 12 personas se le adhirieron. Fueron reconocidos como víctimas por el atentado de Hipercor.

El resto, que en aquel entonces estaba dispersado y sin una coordinación que facilitara una actuación conjunta, siguió sus mismos pasos, unos años después. A estos 33 se les desestimó la misma petición por registrarse "fuera de plazo". Este es el caso tanto de Nuri y Enric, y también del actual presidente de la Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), José Vargas.

Vargas, que resultó herido en el atentado, explica a EL PERIÓDICO que su caso es una "autentica aberración jurídica". Recurrieron la resolución al Tribunal Supremo, pero este se posicionó junto a la Audiencia Nacional, e incluso cerró las puertas a un nuevo recurso. "No hemos cobrado lo que nos pertenece por dejadez y negligencia de algunos responsables", señala. Hasta el momento, indica que Nuri y Enric "han cobrado la pensión por fallecimiento pero no como victimas del terrorismo que permite su incapacidad permanente o absoluta".

HASTA ESTRASBURGO

Un informe del Defensor del Pueblo sobre los derechos de las víctimas de ETA señala cómo muchas familias se han quedado "sin acceso a la justicia" porque "han permanecido desinformadas a lo largo del tiempo", algo que contradice directamente su "derecho a la verdad" que garantiza el derecho a toda la información relativa a la investigación cuando se requiera.

Por todo esto, Vargas avanza que llegará hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). "Se ha acabado ETA pero aun queda muchos cabos sueltos", zanja.