Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale condenados y encarcelados por el caso Bateragune -Rafa Díez Usabiaga, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez- no tuvieron ni un juicio justo ni un tribunal imparcial. En un nuevo varapalo judicial contra España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha sentenciado por unanimidad que hubo una violación de sus derechos aunque no serán indemnizados porque la condena ya constituye una «satisfacción justa».
Los cinco fueron condenados por pertenencia a ETA y por liderar la reconstrucción de la ilegalizada Batasuna en septiembre de 2011, por la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional presidida por la magistrada Angela Murillo. A Otegi y a Díez se les impuso, en calidad de dirigentes de la banda, una pena de diez años de cárcel y diez años de inhabilitación para ocupar cargos públicos que expiran en 2021. Al resto, ocho años de prisión.
La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo en mayo de 2012 por 3 votos contra dos, aunque la condena de todos los encausados fue rebajada a entre seis años y seis años y medio. Posteriormente, y por siete votos contra cinco, el Tribunal Constitucional rechazó los recursos de amparo y las alegaciones de falta de imparcialidad de Murillo.
Agotada la vía en España, los cinco dirigentes abertzales -que ya han cumplido su condena- recurrieron a Estrasburgo que admitió a trámite la demanda en 2015. Ayer les dio la razón al reconocer que los temores de los demandantes sobre la falta de imparcialidad de Murillo «estuvieron justificados objetivamente» y, por lo tanto, hubo vulneración del artículo 6.1 de la Convención Europea de derechos humanos sobre el derecho a un juicio justo.
La corte rechaza, no obstante, las peticiones de compensación -con un voto discrepante de la juez Helen Keller- de Rafa Díez porque considera que la condena ya constituye una «satisfacción justa» y España cuenta con un procedimiento nacional que podría llevar a una revisión de las condenas. «Cuando existen estos remedios legales son la mejor forma de compensación», señalan los jueces.
En el foco del debate el comportamiento de la magistrada Murillo que, en un juicio previo por presunto enaltecimiento del terrorismo, preguntó a Otegi si condenaba el terrorismo. El actual coordinador de EH Bildu se negó y Murillo respondió con un «ya sabía yo que no me iba a contestar». Este comentario llevó al Supremo a desautorizarla en 2011, anular la condena y repetir el juicio en el que fue absuelto. Según la sentencia dictada este martes, a la que cabe recurso, el hecho de que la jueza «hubiera utilizado públicamente expresiones que implicaban que ya se había formado una opinión desfavorable del caso antes de que se hubiera decidido parece claramente incompatible con su participación en el segundo proceso penal».
Otegi, satisfecho / El coordinador general de EH Bildu, que participó ayer en unas jornadas sobre el auge del fascismo, celebró la sentencia. «Nuestra sonrisa es más amplia y España queda retratada como lo que es: un Estado antidemocrático», señaló nada más conocer la sentencia en las redes sociales.
Horas después y acompañado de la jefa de filas de la IUE en la Eurocámara, Gaby Zimmer, y de varios eurodiputados de EH Bildu, Sinn Fein, BNG, ErC y NVA se mostraba exultante. «Algunos conquistamos la justicia poética y política», celebró subrayando que «hace 10 años se produjo una operación policial, judicial y política contra determinados militantes de la izquierda independentista vasca», «una acusación falsa» y «un relato que no era veraz», bajo un gobierno del PSOE, y que la alta instancia europea ha desmentido.
El dirigente vasco no aclaró su futuro político aunque admitió que la sentencia abre vías para neutralizar la condena de inhabilitación que le impide participar en política hasta 2021 e indicó que está a disposición de la militancia de EH Bildu. Otegi, que ha denunciado la involución que vive el Estado español, ha avisado que la sentencia podría tener consecuencias en el caso catalán. «Independientemente de que no exista una conexión directa con el caso de los presos catalanes es evidente que el tribunal lo que ha puesto encima de la mesa es que hay tribunales que no son imparciales que son capaces de dictar sentencias que son injustas», explicó arropado por los eurodiputados de ERC, Jordi Solé y Josep Maria Terricabras.
