La fiscala Ángeles Garrido acusó ayer ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo a Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres de haber «constituido el motor de toda la secuencia del delito que es objeto de enjuiciamiento» en el caso Nóos, al ser los «instigadores de la corrupción de los funcionarios» implicados. La defensa del cuñado del Rey pidió al tribunal, «fíjese qué temeridad», dijo, que le absuelvan, porque «a día de hoy ya viene condenado por parte de la sociedad y determinados medios de comunicación».
Para la representante del ministerio público sin la actividad de Urdangarin (para el que pide que su condena aumente de seis años y tres meses de cárcel a 10 años) y de Torres (de ocho años y medio a 12 años y cuatro meses) no se habría producido la corrupción juzgada en el caso Nóos tanto por los contratos firmados en Baleares como en Valencia, pese a que la Audiencia de Palma no condenó por lo ocurrido en esta comunidad autonóma.
La fiscalía centró gran parte de su intervención ante la salda del Tribunal Supremo en la actuación del Instituto Nóos en Valencia. Sostuvo, que cuando los intereses particulares prevalecen sobre los públicos se incurre en prevaricación, y allí hubo «una omisión absoluta del procedimiento administrativo» (que exige concurso y publicidad), porque «solo existió la connivencia entre Urdangarin y Torres y los funcionarios requeridos». Destacó que pese a que la sindicatura de cuentas advirtió de las irregularidades cuando ya se habían firmado dos convenios, aún se suscribió un tercero, lo que dio lugar a una prevaricación continuada en la que basa el agravamiento de penas que solicita.
«LA LEY ES COMO LA MUERTE» / La defensa de Urdangarin, ejercida por Mario Pascual Vives, optó por no defenderse de esta acusación, al entender que no aparecía en el recurso de casación del ministerio público. Su alegato versó sobre la inexistencia de los delitos por los que fue condenado, incluso los fiscales, porque apenas se habría rebasado en 9.000 euros el límite de 120.000 euros necesario para que existan. Según el letrado, con los cambios de criterio de la Agencia Tributaria en la causa, Urdangarin no sabe lo que se le reclama, por lo que no puede reintegrarlo.
La abogada del Estado Dolores Ripoll sí parecía saber exactamente cuáles fueron las cuotas defraudadas por el marido de la infanta Cristina al defender que se sumen 10 meses más a su condena, petición que enfatizó citando a Montesquieu al decir que «la ley es como la muerte y no puede exceptuar a nadie».
RECLAMA LA DEVOLUCIÓN / Por su parte, la abogada de Baleares, Ángeles Berrocal, instó la devolución de los fondos que la comunidad abonó a Nóos por unos foros de turismo y deporte, que el expresidente balear Jaume Matas concedió a Urdangarin. Era «tanta su seguridad en que da lo mismo lo que haga con los fondos, que no hay un solo papel de justificación», lamentó la letrada, que sostuvó que «ni un solo céntimo de dinero público puede quedar sin justificación». Matas fue condenado a tres años y ocho meses que la fiscalía pide que aumenten con dos años más.
El sindicato Manos Limpias, investigado en la Audiencia Nacional por extorsión, intentó librarse del pago de las costas al que le condenó la Audiencia con el argumento de que la infanta Cristina fue declarada responsable a título lucrativo. La defensa de la infanta sostuvo que solo la acusó para causarle «daño mediático».
