El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) asumió ayer la dirección del operativo policial para impedir el referéndum unilateral del 1-O y ordenó a los Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional que cierre los colegios electorales previstos para la votación. En el caso de que estén en edificios con instalaciones compartidas de servicios públicos en funcionamiento se precintarán solo las dependencias que se utilicen para la consulta.

La fiscalía deja a partir de ahora de tener el control directo de acciones contra la consulta y la policía autonómica la exclusividad de clausurar locales, donde hay desde escuelas, geriátricos y centros de salud, hasta centros religiosos y medios de comunicación.

La decisión fue acordada por la jueza Mercedes Armas, que instruye la querella contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su gobierno por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos a raíz de la convocatoria del referéndum. Y no sólo ordena que se impida la apertura de locales, sino que se requise el material sobre la consulta que se encontraran en los mismos, incluyendo ordenadores.

También insta a los cuerpos de seguridad del Estado que impidan la apertura de dependencias públicas que se usen como infraestructura logística, como centros de procesamiento o de recuento de votos.

La magistrada subraya que se ha evidenciado «una clara inobservancia» por parte del Ejecutivo catalán de la suspensión del referéndum y de las resoluciones dictadas por ella misma, como el bloqueo de webs que se informa de dónde tenían ir a votar. «Dichas medidas cautelares han sido burladas» mediante la creación de otros dominios, detalla. Argumenta que es previsible que esta «actitud renuente» se materialice, finalmente, en una jornada del 1-O en la que el Gobierno catalán «facilite todos los medios a su alcance» para la consulta, por lo que es necesario tomar medidas para evitar el referéndum. No recoge nada sobre la orden de la fiscalía para que se impida la votación en un radio de 100 metros de los colegios electorales, incluso en la calle.

Los cuerpos policiales deberán actuar «conjuntamente», señala la jueza, y se contará con la colaboración de las policías locales. En este sentido, la fiscalía ha dictado nuevas instrucciones en las que ordena a las policías locales que no dejen salir las urnas propiedad del Estado confinadas en los ayuntamiento, a la vez que les requiere para que colaboren con los Mossos en el precintado de los colegios de votación, la incautación de material y el bloqueo de la constitución de las mesas electorales.

LOS CENTROS DE SALUD / La Consejería de Salud ha ofrecido 70 centros de asistencia primaria (CAP) como colegios electorales, de los que 67 no funcionarán ese día como servicio sanitario. Estarían cerrados. Los otros tres, son CAP de grandes dimensiones que tendrán dos puertas de acceso: una para pacientes y otra para supuestos votantes. Estos centros (todos) no han recibido notificación escrita sobre la obligación de sus directores de entregar las llaves del local mañana. El consejero de Salud, Antoni Comín, ha asumido la presidencia de los 27 consorcios o empresas públicas vinculadas al departamento, una situación transitoria que quedará en suspenso después del día 1.

LAS TRABAS DE LOS MOSSOS / La resolución del TSJC se ha producido pocas horas después de que el major de los Mossos, Josep Lluis Trapero, comunicara por escrito a la fiscalía de las dificultades que comporta el precintado de los colegios electorales y la necesidad de que sea un juez quien ordene la clausura. Esta advertencia la realizó el mando policial en la reunión celebrada en la sede de la fiscalía catalana con todos cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña. El documento sostiene que el cierre de estos locales supondría «impedir el desarrollo de las actividades que ordinariamente» se realizan en ellos, con la «posible afectación de derechos fundamentales». El major indica que los Mossos actuarán bajo los «principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia». Mientras, el Gobierno catalán ha convocado la Junta de Seguridad de Cataluña sin avisar al Ministerio de Interior. Pero Interior, al enterarse, comunicó ayer su asistencia a esta cita «en aras a la responsabilidad y velando siempre por la convivencia pacífica de todos los catalanes», aunque no haya existido acuerdo previo con la Generalitat.