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POR DESOBEDIENCIA

El TSJC envía a Torra a juicio por los lazos amarillos

El fiscal ha pedido para el 'president' una inhabilitación de un año y ocho meses

 

El ’president’ Quim Torra, en una sesión de control en el Parlament. - ALBERT BERTRAN

El magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) Carlos Ramos ha decidido este viernes enviar a juicio al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia o alternativamente de denegación de auxilio por no retirar en campaña los lazos amarillos de los edificios públicos de la Administración autonómica.

En un auto, que no se puede recurrir, el juez decreta las apertura del juicio oral para Torra, para quien la Fiscalía pide una condena de un año y ocho meses de inhabilitación por un delito de desobediencia, al desoir la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos. El TSJC deberá ahora señalar el juicio contra el 'presidente'. Antes, la defensa presentará su escrito exculpatorio.

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeras, reclama para el 'president' no solo la inhabilitación, sino también una multa de 30.000 euros. El ministerio público atribuye a Torra haber desatendido "abiertamente" las órdenes de la JEC. La inhabilitación sería para ejercer cargos públicos electivos, incluso europeos, así como para el ejercicio de funciones de gobierno. Esta medida, precisa la acusación, conlleva la privación definitiva de estos empleos o cargos y de "los honores anejos". 

El auto del juez  recuerda que su finalidad es "valorar la consistencia de la acusación a fin de impedir imputaciones infundadas". Precisa que a la vista de los escrito de acusación y "una vez comprobada la identidad esencial de los relatos fácticos" que  incluyen y "la razobabilidad y consistencia de sus respectivos planteamientos", procede a decretar la apertura de juicio oral.

Infracción del deber de neutralidad
La misma resolución recoge un extracto de los escritos de acusación que llevará a Torra a sentarse en su banquillo. Así expone que en la campaña  para las elecciones generales, la Generalitat, "venía exhinbiendo públicamente y de forma permanente" en la fachada del Palau de la plaza de Sant Juame y en Conselleries símbolos y emblemas, como esteladas o lazos amarillo, o carteles reclamando la libertad de los dirigentes independentistas encarcelados. Los citados símbolos, agrega, son "considerados propios de un partido político y ajenos a otros que se oponen a ellos", por lo que no pueden ser exhibido por las Administraciones durante los periodos electorales sin ingringir "gravemente" su deber de "objetividad y de neutralidad". Por ello, Ciudadanos solicitó a la JEC que exigiera su retirada. 

El 11 de marzo pasado, la JEC conminó al presidente de la Generalitat a retirar los lazos y otros símbolos en el plazo de 48 hora. "En lugar de cumplir lo ordenado", relata el auto, Torra pidió al órgano electoral la "reconsideración" del acuerdo. Días después, el 18 de marzo, el organismo electoral ratificó su decisión de que se retiraran los lazos y las banderas esteladas y advirtió a Torra de las responsabilidades que pudiera incurrir si persistía en su "desobediencia". El mandatario catalán, sin embargo, presentó ante la JEC un nuevo escrito interesando la suspensión del acuerdo, arguyendo una "pretendida dificultad" para su cumplimiento (había muchos edificios públicos) y que estaba a la espera de conocer la opinión del Síndic de Greuges, "sin bien, presuntamente," ya disponía de ella y sabía que se le recomendaba atender la retirada de los lazos.

A la vista de las "informaciones recibidas por el incumplimiento", la JEC adoptó el 21 de marzo otro acuerdo el que se requirió a la Consellería d'Interior para que "de forma inmediata" ordenara a los Mossos que quitaran los lazos. No hizo falta, ese día se retiraron de los edificios públicos.