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El TS dictará el fallo del ‘procés’ después de las municipales

Los plazos de los trámites impiden que el juicio se abra este año

 

Ángeles Vázquez Ángeles Vázquez
12/09/2018

Será imposible que el Tribunal Supremo dicte la sentencia contra los líderes del procés, procesados por rebelión, malversación o desobediencia, antes de las elecciones autonómicas, municipales y europeas que se celebrarán en mayo. La tramitación de la causa, en la que las defensas han demostrado tener un especial interés en retrasarla lo más posible para hacer coincidir su juicio con estos comicios, ha obligado al alto tribunal a hacer un nuevo calendario, que sitúa el inicio de la vista oral en enero y la previsión para dictar sentencia después de la consulta electoral.

Fuentes del Supremo han apuntado a este diario el tiempo transcurrido en otros procedimientos relevantes en dictar sentencia después de concluir el juicio -como el de la primera época del caso Gürtel, en el que el tribunal tardó medio año en pronunciarse- para considerar difícil que antes de julio se conozca la que determinará si lo ocurrido en Cataluña fue rebelión, sedición o una mera consulta ciudadana sin relevancia penal, como pretenden las defensas con escasas esperanzas.

El tribunal procederá a dictar la apertura de juicio oral y dará traslado a las acusaciones para que en un plazo de cinco o 10 días presenten sus escritos de calificación, lo que ya se producirá en octubre, pero pasado el aniversario del 1-O. Será entonces cuando se despejen todas las dudas suscitadas sobre la acusación de la fiscalía.

Según las fuentes consultadas, difícilmente se eliminará la rebelión, pese a los continuos llamamientos públicos de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez para que el ministerio público rebaje su acusación, si el Gobierno quiere garantizar la estabilidad con la aprobación de unos presupuestos que dejen de ser una prórroga de los del PP.

Previsiblemente ese delito se acompañará, como alternativas, del de sedición o del de conspiración para la rebelión en el escrito fiscal. El Ejecutivo tiene poco margen para ordenar rebajas de penas sin exponerse a un escándalo mayúsculo.