Oriol Junqueras permanecerá en prisión preventiva porque no ha renunciado al «enfrentamiento con el Estado» para lograr la independencia de Cataluña. Así lo ven los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que ayer decidieron por unanimidad desestimar la excarcelación pedida por el exvicepresidente. El líder de ERC había solicitado salir de Estremera porque, a su juicio, ha demostrado que es «un hombre de paz» y porque debe defender los derechos del casi millón de catalanes que lo votaron el 21-D. Sin embargo, sus argumentos no han convencido a los jueces.

En un auto de 25 folios, el ponente, el magistrado Miguel Colmenero, describe ampliamente por qué consideran que hay indicios suficientes de que Junqueras ha cometido los delitos de «rebelión, sedición y malversación de fondos públicos» y subrayan la posibilidad de que reincida, ya que ha sido elegido diputado y se presentó como el candidato de ERC a presidir la Generalitat. En sus argumentos, Colmenero destaca que el dirigente catalán, junto con otros miembros del Ejecutivo, del Parlamento y otras instituciones catalanas, «se han alzado contra el Estado español, contra la Constitución, el Estatuto y el resto del ordenamiento jurídico».

La apelación al diálogo y el civismo que el líder republicano hizo el jueves para defender su salida no surtió efecto. Junqueras no hizo referencias al procés ni al acatamiento de la Constitución. Los miembros de la sala de apelaciones no ven «ningún dato» que haga pensar que el dirigente va a «abandonar la idea de una proclamación unilateral de independencia». Y esa bilateralidad de la que habla Junqueras, apunta la resolución, es referida «exclusivamente» a que el Estado pudiera «prestarse a reconocer la independencia». «El proyecto político subsiste y el recurrente no lo ha abandonado [...] De todo ello se desprende un riesgo relevante de reiteración en la misma conducta delictiva», sostiene el tribunal.

El fallo afirma que no consta que Junqueras diera órdenes directas para cometer «actos violentos» (como los que considera que ocurrieron frente a Economía el 20 y 21 de septiembre y el 1-O), pero la desobediencia pública del líder republicano a las sentencias del TC y las leyes han «impulsado» a los ciudadanos a movilizarse provocando «previsibles y altamente probables episodios de violencia para conseguir la finalidad propuesta».

El auto insiste en que era imposible que Junqueras no pensara en las posibles consecuencias de sus arengas y sabía que los catalanes el 1-O podían encontrar «necesariamente» la oposición policial. «Constituye una conducta de extraordinaria gravedad incitar a varios millones de ciudadanos a que acudan a votar ilegalmente a sabiendas que se van a encontrar con la oposición física de los agentes», subraya el documento. De hecho, los magistrados alegan el riesgo de que hubiera «resultados lesivos mucho más graves de los que efectivamente se produjeron, lo que afortunadamente no ocurrió».

NO HAY «PRESOS POLÍTICOS» / El ponente dedica varios párrafos a dejar claro que la sala no está de acuerdo con la expresión de «presos políticos» para referirse a Junqueras y otros líderes soberanistas. No lo son, asegura, porque defender esa opción política es «legítimo», pero debe hacerse «sin cometer delito alguno».

El auto admite que estar en prisión preventiva supone «limitaciones» para ser diputado, pero señala que el instructor podrá tenerlo en cuenta y dar permisos puntuales a Junqueras.

En su intervención del jueves ante los tres magistrados, Junqueras apeló a sus fuertes convicciones religiosas y a su compromiso con «el civismo» para pedir su libertad. Aseguró ser «un hombre de paz» y destacó que nunca ha tenido «una palabra de menosprecio» para otras ideologías políticas. Pero sus argumentos no convencieron al tribunal.

La defensa alegó que el exvicepresidente debía quedar en libertad porque ha sido elegido diputado del Parlament y debe poder ejercer sus derechos políticos. Junqueras mantuvo ante los magistrados que no podía «defraudar» a sus votantes y apoyó «el diálogo bilateral» y la negociación.

Tanto la acusación popular, que ejerce Vox, como la fiscalía se opusieron a su puesta en libertad por riesgo de reiteración delictiva.

Su abogado, Andreu Van der Eynde, ya anunció el jueves después de la vista que de desestimarse la excarcelación pediría el traslado de Junqueras a una cárcel catalana para abandonar la prisión y poder acudir a los plenos del Parlament. Reclamarán la salida de prisión siempre que consideren que se están vulnerando los «derechos» del líder de ERC y sus votantes, aseguró el letrado.

Junqueras está encarcelado en Estremera desde el 2 de noviembre por los delitos de rebelión, sedición y malversación por su implicación en el proceso secesionista.