El Tribunal de Cuentas condena a Artur Mas y a los 'exconsellers' a Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau por el 9-N a devolver 4,9 millones de fondos públicos gastados en la consulta soberanista del 2014. La sentencia considera que son responsables directos también la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Francesc Homs e Irene Rigau, así como a otros exaltos cargos de la Generalitat. A cada uno de ellos se le atribuye una cantidad concreta por distintos conceptos, como el registro de una página web, la fabricación de material para ser utilizado en la consulta soberanista, la ampliación del contrato de seguro para incluir a los voluntarios que participaron en su organizacióm, la elaboración de soportes informáticos, la campaña publiciataria o la adquisición de 700 ordenadores que se hicieron servir para el proceso electoral y la votación.
El órgano fiscalizados han acogido la tesis esgrimida por la fiscalía en su resolución de 90 folios. Este dinero deberá ser restituido a la Generalitat. El Tribunal de Cuentas dictó en su día una fianza de 5,2 millones de euros. Mas no abonó la totalidad de este importe y, por este motivo, se embargaron sus bienes. La fiscalía reclamaba el pago del importe íntegro de los gastos, más los intereses.
