El Tribunal de Cuentas ha emitido dos autos que abren el procedimiento para exigir al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, el pago de los más de cinco millones de euros que costó la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014. Según ha avanzado 'El Mundo', el organismo fiscalizador ha notificado a las partes que desestima un recurso de la Generalitat para frenar el procedimiento contra él y otro en el que activa el nombramiento de un delegado instructor para que abra el expediente por responsabilidad contable de los organizadores del 9-N que usaron dinero público sin justificación legal.

Este procedimiento podría conllevar la fijación de una fianza o el embargo preventivo de bienes a los responsables de la organización del 9-N. El Departamento de Enjuiciamiento II del Tribunal de Cuentas, que preside la exministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, ha puesto en marcha de este modo el proceso que podría obligar a Mas y a los 'consellers' que participaron en la logística de la consulta, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, a responder con su patrimonio.

El delegado instructor tiene poderes legales para exigirles que depositen una fianza o el embargo preventivo para asegurarse de que tienen dinero para responder. Si se dividen los 5,12 millones que, según Sociedad Civil Catalana, la entidad denunciante, y el fiscal del Tribunal de Cuentas costó el 9-N, entre los cuatro considerados responsables, deberán garantizar 1,28 millones cada uno de ellos. El delegado instructor será nombrado probablemente la próxima semana y procederá a abrir el caso a la vuelta de las vacaciones.