Cuentan en la Moncloa que el 14 de enero, antes de que comenzara el primer Consejo de Ministros de la coalición del PSOE y Podemos, un miembro del Gobierno se acercó a Salvador Illa y le dijo: «Qué alegría. Ministro de Sanidad es un puesto agradecido. Hay pocas cosas que hacer, porque las competencias están transferidas a las autonomías. Salvo, claro, que tengas una emergencia sanitaria...».
El coronavirus era un eco lejano que llegaba de China, y tampoco es que Illa hubiera sido elegido para el puesto por su trayectoria en el ámbito de la salud. Secretario de Organización del PSC y alcalde de una localidad catalana, el suyo era un perfil pensado para tender puentes con ERC, cuyo papel se preveía crucial esta legislatura. Pero Illa ha terminado siendo el ministro que ha tenido a sus órdenes «a todas las autoridades civiles del territorio nacional», debido a la alarma.
El periodo excepcional acabó esta madrugada, tras 97 días que han puesto a prueba la cohesión del Ejecutivo, han hecho pensar a la derecha que Pedro Sánchez iba a caer -o al menos quedar noqueado-, han tensado los vínculos de socialistas y morados con sus socios parlamentarios y han provocado el acercamiento de Ciudadanos a la Moncloa, en un movimiento de consecuencias imprevisibles.
Nada de esto se sospechaba cuando el coronavirus llegó a España. Una de las escasas conclusiones en la que coinciden el Gobierno y la oposición de derechas es que, si las medidas de confinamiento se hubiesen adelantado, el impacto del virus habría sido menor. Pero la Moncloa señala que «a toro pasado» es muy fácil señalar los errores y que España, dentro del entorno europeo, fue de los primeros en decretar el estado de alarma.
Ya el 14 de marzo, en la reunión del Consejo de Ministros que aprobó esa figura constitucional, se comprobó la dificultad de lo que estaba por venir por las distintas visiones dentro del Ejecutivo. Los integrantes del área económica, como la vicepresidenta, Nadia Calviño, intentaron sin éxito frenar la alarma, en un pulso que se reprodujo dos semanas después, con la detención de toda la actividad no esencial, cuando el país se acercaba a la cifra de 1.000 muertos diarios. En ambos casos, Sánchez optó por parar.
En el primer Gobierno de coalición de la historia democrática, ante la peor emergencia sanitaria en 100 años, el presidente se ha visto obligado a hacer equilibrios internos entre el PSOE y Podemos. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y líder de los morados, era partidario de aprobar las medidas económicas de forma más rápida. También defendió el pacto con EH Bildu para reformar toda la reforma laboral, suscrito -y después rectificado por el PSOE- en un momento en el que el Ejecutivo temió perder los apoyos para prorrogar la alarma. Y presionó para lanzar cuanto antes el ingreso mínimo vital.
Vidas y empleos
Pasado lo peor, tras sacar adelante seis prórrogas de la alarma que ahora termina, la Moncloa transmite cierto alivio. La crisis sanitaria, señalan en el Ejecutivo, ha sido «atajada». Las ayudas sociales «están funcionando». Y las encuestas siguen colocando al PSOE en clara ventaja. La visión del partido de Pablo Casado es distinta. El día que se decretó la alarma, afirmó que Sánchez no había estado «a la altura» porque había reaccionado tarde. Con los fallos del Gobierno en la compra de test y la falta de protección para los sanitarios, las críticas se recrudecieron.
Casado denunció que el jefe del Ejecutivo no le ha consultado ninguna de las grandes decisiones en esta crisis con el argumento de que había debates semanales en las Conferencias de Presidentes autonómicos a las que han asistido dirigentes del PP. Ahora, los dos líderes llevan más de un mes sin hablar. El popular desconfía del discurso de «mano tendida» de Sánchez, porque «después no lo practica», apuntan. En ocasiones, es como un diálogo de sordos ya que el PP también combina los ataques al Ejecutivo con su disposición a llegar a acuerdos en el plano sanitario, jurídico y económico.
Mientras tanto, Cs ha empezado a moverse. Los liberales venían de fiarlo todo a los pactos con el PP -y de forma indirecta con Vox-, pero a raíz de la dimisión de Albert Rivera y el coronavirus, han girado al centro, apoyando todas las prórrogas de la alarma -el PP solo las tres primeras-, negociando sus condiciones y abriéndose, incluso, a abordar los Presupuestos del 2021.
Esta nueva alianza permite a Sánchez situar al PP con la única compañía de Vox y también provoca malestar en sus socios tradicionales. Pero todo está por hacer con los Presupuestos. De aprobarse, el Gobierno quiere que duren dos o incluso tres años. Es decir, Sánchez tendría asegurado culminar la legislatura. Tras la alarma, insisten en la Moncloa, «hay que empezar casi de cero».
