El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, parecía tener ganas de declarar en el juicio del procés, pese a estar acusado por rebelión en la Audiencia Nacional. Eso podría explicar que haya ido más lejos de lo que se esperaba y ante una pregunta de la defensa del exconseller Joaquim Forn sobre el 27 de octubre, día de la declaración unilateral de independencia, haya desvelado que los Mossos tenían «un dispositivo preparado» desde dos días antes para detener al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus consellers. El arresto no se materializó, porque nadie lo ordenó. Y eso que él, aunque desconocía la trascendencia jurídica de la DUI, se puso a disposición del fiscal superior de Cataluña, el fallecido José María Romero de Tejada, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, para lo que precisaran pues entendía que la situación era «de cierta gravedad».

Hasta entonces parecía que lo que se esperaba de su declaración no se iba a producir por el deficitario interrogatorio del secretario general de Vox, Javier Ortega, y el error de la fiscalía y la Abogacía del Estado de no proponerle como testigo, lo que llevó al presidente del tribunal, Manuel Marchena, a vetar el interrogatorio sobre lo que desbordara los límites marcados por el primero. Ello incluía la reunión del 28 de septiembre, en la que según declaró el comisario Manel Castellví se pidió la desconvocatoria del 1-O ante el riesgo de violencia.

Trapero se permitió hasta decir que «en esa reunión de la que no estamos hablando» se advirtió de que la convocatoria «podía desembocar en desórdenes públicos», que habría «resistencia pasiva» en la mayoría de los centros de votación y previsiblemente «activa» en algunos zonas o barrios. Hubo que esperar a que Marchena utilizara la prerrogativa del tribunal para preguntar aquellos aspectos fundamentales que considerara no aclarados para darle la oportunidad de explicarse sobre lo que no había dejado preguntar: los motivos de su «preocupación» para pedir una reunión con Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y Forn, a la que también quiso que asistiera la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, cuya presencia creía importante, porque «el emplazamiento iba más allá del referéndum».

«Les trasladamos nuestra preocupación por posibles conflictos graves de orden público y seguridad ciudadana. Que iba a haber dos millones de personas en la calle y 15.000 policías y eso iba a provocar conflictos graves de orden público. Les emplazamos al cumplimiento de la legalidad, de las órdenes judiciales, y les dijimos que íbamos a cumplirlas. Que el cuerpo de Mossos no iba a quebrar con la legalidad y la Constitución, que no acompañábamos el proyecto independentista», dijo.

«Lo que tengan que hacer» / Tras el presidente, la defensa de Forn volvió a preguntar si después de sus advertencias recibieron alguna instrucción del Govern. «Hagan el trabajo que tengan que hacer», fue la respuesta que recibió del expresident. Tampoco por parte del conseller de Interior, al que atribuyó «un punto de irresponsabilidad», como «político, que hace política». «Causaban malestar algunas declaraciones, como las de Forn, que confundían a la gente sobre lo que es el papel de los Mossos. Daba una imagen que ahora estamos pagando y por eso he dicho que fue un punto irresponsable», dijo.

El ministerio público se interesó por la crisis del Govern de julio que motivó la marcha de Jordi Jané de la Consejería de Interior, cuya responsabilidad la asumió Forn. «¿Tuvo usted alguna explicación por parte de Jané de por qué se marchaba?», preguntó Javier Zaragoza. «Me dijo que por la deriva política y porque él no quería correr un riesgo y estaba incómodo», respondió Trapero, que agregó que pese a los derroteros por los que iba el discurso de Forn, «respetaba el cuerpo».