El exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero afronta este viernes su tercera comparecencia ante la jueza Carmen Lamela tras serle ampliada su imputación por sedición como responsable de "un plan premeditado" para favorecer la votación el 1-O, lo que podría acarrearle ser también investigado por organización criminal.

La última vez que compareció ante la jueza de la Audiencia Nacional, el pasado 16 de octubre, la Fiscalía pidió su ingreso en prisión sin fianza, pero finalmente quedó en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono.

En esta ocasión, la magistrada le ha citado de oficio, sin previo informe de la Fiscalía, y por ello cabe la duda de si mantendrá la petición de prisión que hizo cuando José Manuel Maza ostentaba el cargo de fiscal general del Estado o si su sustituto, Julián Sánchez Melgar, se decantará por una medida cautelar menos drástica, como una fianza.

Al dejarle en libertad con las citadas medidas, Lamela precisó que la investigación se circunscribía al asedio a la Guardia Civil del 20 de septiembre, a la espera de ampliarla al 1-O, y que su actuación en ese episodio no estaba aún "suficientemente perfilada" para vincularle directamente "a hechos tan graves como los que esos días sucedieron".

Ahora, tras practicar diligencias, entre ellas la toma de declaración al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, la jueza ha concluido que la actuación de los Mossos ese día y el 1-O "fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia" y por eso "la policía autonómica también fue utilizada para controlar las acciones" de las otras policías.

"PLAN PREMEDITADO"

Con esa finalidad, se diseñó un "plan premeditado", "que procedía de la cúpula policial de Mossos d'Esquadra, cúpula comandada por Josep Lluis Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico", al que aludía el documento Enfocats.

Dos días después de que Lamela notificara este auto, la Fiscalía pedía ampliar la investigación a la cúpula de los Mossos para imputar también al entonces superior de Trapero, el exdirector de la Policía autonómica Pere Soler; y al exsecretario general de Interior César Puig, segundo del exconseller Joaquim Forn, que se encuentra en prisión junto a Oriol Junqueras y los Jordis.

Según la Fiscalía, mientras Soler y Trapero "se vieron en la obligación de transmitir la sensación" de que acatarían la orden de cerrar los centros de votación, "en realidad no tenían la más mínima intención de hacerlo".

Realmente -añadía el fiscal- actuaron de "correa de transmisión de las instrucciones" de los responsables políticos "ordenando ejecutar o abstenerse de las órdenes judiciales y del cumplimiento de la ley".

DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Además de imputar a Trapero un segundo delito de sedición, la juez ha apuntado también a la posibilidad de investigarle además por un delito de organización criminal, al entender que se trató de "una estrategia perfectamente coordinada, con arreglo a un plan común y con reparto de papeles".

La juez cree que Trapero se encargó del diseño de "un sistema de comunicación entre los agentes" y "sus mandos superiores que supuso una ralentización de las comunicaciones, lo que produjo, aún más si cabe, una ineficacia en la actuación", por lo que ha reclamado a los Mossos que identifiquen a las personas y los medios empleados en ese operativo.

CITADO EL NUEVO JEFE DE LOS MOSSOS

Además de Trapero, Lamela ha citado también para este viernes como testigo al nuevo jefe de los Mossos, Ferran López Navarro, que sustituyó a Trapero al aplicarse el artículo 155 en Cataluña que ha acompañado al mayor las dos veces que ha acudido a la Audiencia Nacional.