Tras la visceralidad del jueves en el Parlament, la racionalidad del viernes en el Palacio de la Generalitat. Ante un Govern en coma, por la hemorragia interna derivada de las luchas intestinas entre Junts per Catalunya y ERC, cabeza fría por parte de los doctores de cabecera (Quim Torra y Pere Aragonès) y respiración asistida para el Ejecutivo durante unos meses. ¿Hasta cuándo? Básicamente hasta que soplen vientos demoscópicos favorables a los partidos independentistas y no cunda la sospecha de que convocar elecciones puede ir en menoscabo de los convocantes, lo que sería todo un tiro en el pie. Más o menos lo que se intuye ahora.

President y vicepresidente se han reunido en el Palacio con el único punto encima de la mesa de transmitir confianza tras el colapso parlamentario del jueves. Los respectivos equipos de comunicación construyeron imágenes de cordialidad e incluso compañerismo entre uno y otro, ayudados, también, por la buena relación que mantienen. Leyeron un documento conjunto con el que se han comprometido a «reforzar el acuerdo estratégico de legislatura» de JxCat y ERC, más allá de sus «discrepancias legítimas», tras constatar que sus «mecanismos de coordinación son mejorables».

«Este Govern gobierna desde el primer día, es un gobierno fuerte, está unido, y hoy reforzamos este compromiso de unidad y garantizamos esta unidad hasta, como mínimo, el día de las sentencias» del juicio a los líderes del procés, afirmó Torra. Y es que la dirigencia independentista, tras otear el horizonte, ha determinado que una sentencia dura contra los encausados (algo que no es imposible, más bien al contrario) sea quizá el primer momento en que el viento de las encuesta sople de popa.

Torra y Aragonès se acogieron, también, a la línea argumental que ensayó el mismo jueves el portavoz de JxCat, Eduard Pujol. Es decir, atribuir la crisis del Govern no tanto a los problemas de perspectiva de posconvergentes y republicanos, sino a la excepcionalidad del momento actual, marcado por la «represión del Estado, la más fuerte desde el franquismo», sentenció. Ello desemboca en que «cada paso que da el Govern es observado con lupa y siente en la nuca la amenaza constante de un Estado que, pese al cambio de Gobierno, no quita el pie del pedal de la represión», añadieron.

Llarena, fuera del ‘Parlament’ / Una represión que el independentismo trató de contener en el propio Parlament. Torra valoró que, pese a las dificultades, lo relevante es que «ese acuerdo defiende la soberanía» de la cámara catalana y «no acepta la suspensión de los diputados» afectados por la instrucción del juez Pablo Llarena.

No detallaron Torra y Aragonès cómo serán estos nuevos mecanismos para una mejor coordinación entre los respectivos grupos parlamentarios y se remitieron a los acuerdos del jueves entre JxCat y ERC. Aragonès afirmó que esos acuerdos «continúan.

La reacción puertas adentro, en los respectivos cuarteles generales de los partidos, ha sido de satisfacción, por aquello de alejar el fantasma de la convocatoria electoral, pero al mismo tiempo de desconfianza. Ambas trincheras consideran que tarde o temprano el adversario volverá a las andadas. O a tratar de borrar a Carles Puigdemont del mapa, como interpretan los posconvergentes que intenta ERC, o a llevar a Torrent al camino de la inhabilitación, como creen los republicanos que anhela JxCat.

En lo que respecta al ultimátum que Torra lanzó a Pedro Sánchez el pasado martes, el president insistió en que ha puesto «fecha de caducidad» a la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez si no ofrece en noviembre una «propuesta» para Cataluña.

Eso sí, en un extraño giro de la palabra ultimátum Torra señaló que «una cosa es la estabilidad parlamentaria -del Gobierno central- y otra es la puerta abierta al diálogo. Nosotros siempre la tendremos abierta».