Ignacio Romaní Cantera, del PP, ha tomado este martes posesión de su escaño en el Congreso, pero su mandato puede ser uno de los más breves de la democracia, ya que en menos de una semana está prevista la disolución de las Cortes por la convocatoria anticipada de las elecciones el próximo 28 de abril.

El nuevo diputado sustituye en la Cámara a la exalcaldesa de Cádiz Teófila Martínez, que dejó el escaño tras ser nombrada presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC).

El relevo se ha formalizado este martes con el juramento del cargo ante el Pleno del Congreso, un trámite que permite a Romaní asumir la condición plena de diputado. Eso sí, todo apunta a que su mandato acabará dentro de una semana, el 5 de marzo, que es cuando se disolverá el Congreso al publicarse el decreto de convocatoria de las elecciones generales del 28 de abril.

PAGA EN EL SENADO

Por otro lado, el vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz, ha informado este martes de que los senadores que no sean miembros de la Diputación Permanente de la Cámara cobrarán una retribución de 8.822,52 euros por la paga prevista por la disolución de las Cortes. En declaraciones a los medios, Sanz ha matizado que esa retribución estará sujeta a tributación y que se calcula multiplicando 163,38 euros al día por los 54 días que van del 5 de marzo, fecha de disolución, al 28 de abril, día de las elecciones. No obstante, ha recordado que quien desde el día de la disolución de las Cortes se incorpore a otro puesto de trabajo, deberá devolver dicha indemnización.

Por su parte, los senadores que se incorporen a la Diputación Permanente -cuya mesa se reunirá el 6 de marzo-, comenzarán a cobrar según los cargos y responsabilidades que ostenten dentro de ese órgano. Estos no entran dentro del grupo de los que recibirán la retribución transitoria de los 8.822,52 euros.

A esto, Sanz ha añadido que una vez celebradas las generales, y en caso de que los senadores dejen de serlo y por alguna circunstancia no tengan retribución de ningún tipo, tendrán derecho a una indemnización de un mes por año trabajado, con un máximo de 24 meses. Esa indemnización se calculará teniendo en cuenta la retribución básica, que es de 2.972,98 euros.