Los dolores de cabeza que la justicia puede provocar en la familia de Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola continuarán en un futuro. La confesión del expresidente de la Generalitat en el 2014 sobre la fortuna oculta en Andorra ha arrastrado a su esposa y a sus hijos. Primero un juzgado de Barcelona y después la Audiencia Nacional se pusieron manos a la obra para aclarar de dónde provenía ese patrimonio millonario (70,4 millones de euros ocultados entre 1990 y el 2014 en Andorra, según la Policía) y que el patriarca atribuyó a la herencia de su padre, Florenci Pujol. El proceso judicial lleva meses paralizado, según fuentes jurídicas. Los únicos movimientos que se han producido son de tramitación y meramente procesales, como peticiones para que se desbloqueen cuentas bancarias para efectuar pagos por gastos corrientes o solicitudes de archivo presentadas por algunos imputados en la causa.
No hay ningún avance importante en lo que es la investigación pura y dura sobre el origen del patrimonio de la familia Pujol. Fuentes conocedoras de las diligencias judiciales aseguran que el último movimiento significativo relacionado directamente con las pesquisas fue la detención en julio del 2018 de un empresario, socio de Jordi Pujol Ferrusola, por blanquear supuestamente fondos del clan. El juez sospechaba que esta persona supuestamente creó contratos de préstamo ficticios por valor de 28,5 millones de euros para colocar la fortuna de los Pujol fuera del alcance de la justicia española. La investigación apunta que Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente catalán, trabajó con distintos testaferros que le permitieron disponer de cuentas corrientes en México, Andorra, Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Panamá.
