La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia decidió ayer procesar al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps en la causa por la construcción del circuito urbano de Fórmula-1. La jueza acusa al exdirigente del PP de uso indebido de fondos públicos y de haber beneficiado a determinadas empresas que habrían pagado para obtener los contratos.
En un duro auto, sostiene que Camps «impulsó» y «permitió» la construcción del circuito urbano de Valencia «con la única intención de proyectar su imagen» como máximo representante de la comunidad. Y que lo hizo «al margen de las funciones propias» de sus competencias.
Además de señalarle por mal uso de fondos públicos y apuntar que eligió a dedo a las compañías adjudicatarias de la obra, asegura que se alteraron datos y fechas en documentos de expedientes administrativos para respaldar «las adjudicaciones irregulares» de esas empresas que habrían hecho determinadas donaciones. La jueza afirma que la instrucción revela indicios «suficientes, sólidos, razonables y consistentes» contra Camps por prevaricación, malversación y falsedad documental; cohecho y/o tráfico de influencias.
La del circuito de F-1 es una de las tres causas en las que el exdirigente popular está siendo investigado. Las otras dos estudian posibles irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas de la trama Gürtel por parte del Gobierno valenciano y en la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en el 2006.
El próximo 5 de junio, precisamente, Camps deberá declarar en la instrucción que investiga contrataciones de los preparativos del Encuentro de las Familias que presidió Benedicto XVI. En esa pieza también se investiga a Juan Cotino, exconsejero y expresidente de las Cortes valencianas .
UN HERMANO DE MAYOR OREJA / La jueza que investiga la construcción del circuito de F-1 ha dictado también el procesamiento del exvicepresidente Vicente Rambla y el exconsejero de Infraestructuras Mario Flores, así como cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat valenciana (GTP) y varios empresarios. Entre ellos, figura el representante de FCC Construcción SA José Mayor Oreja, hermano del exministro del PP Jaime Mayor Oreja. En total, son 16 los procesados, y otras 17 personas quedan fuera de la causa.
Camps anunció ayer mismo que recurrirá la decisión porque la instructora la sustenta, afirmó a Efe, en un análisis que «excede de sus competencias». La jueza trasladó su auto al ministerio fiscal y la Abogacía de la Generalitat para que en 10 días formulen sus escritos de acusación y pidan la apertura de juicio oral.
