El Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad que sus requerimientos y advertencias de responsabilidades penales en el caso de ser ignorado deben dirigirse también al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y otros miembros del Gobierno, además de al presidente del Parlamento, Roger Torrent, y los miembros de la Mesa de la cámara catalana. Es la primera vez que el presidente catalán recibe una advertencia personal del alto tribunal.
En sendas providencias los magistrados admiten a trámite las últimas impugnaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, presentadas por la vía de la ejecución de sentencia, contra la resolución del Parlamento del pasado 26 de septiembre sobre la "orientación política general del Govern", en la que se vuelve a defender el derecho de autodeterminación. Es lo mismo que hizo la semana pasada con resoluciones de julio, pero entonces el requerimiento solo se dirigió contra los responsables del Parlamento y esta vez se extiende al Govern.
En esta ocasión el tribunal ha acordado notificar personalmente dichas providencias al presidente del Parlamento, al secretario y a los demás miembros de la Mesa, pero también al presidente de la Generalitat y demás miembros del Gobierno. A todos se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. Asimismo se les apercibe de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
