El Gobierno va a tener que hacer algunas cesiones si quiere sacar adelante su nuevo decreto de estado de alarma este jueves cuando se debata y se vote en el Congreso. Pedro Sánchez propone que en esta ocasión esa medida extraordinaria se alargue hasta el 9 de mayo del 2021, una manera de ahorrarse la agonía que le supuso superar las prórrogas de 15 días del confinamiento de primavera. Además, el jefe del Ejecutivo propone que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, sea el encargado de rendir cuentas cada dos semanas en la Cámara baja. Pero a sus socios de investidura no les acaba de gustar que pida un cheque en blanco para medio año y, menos todavía, que sea Illa el encargado en vez de dar la cara él mismo.
ERC, PNV, Más País, Junts, Compromís y Bildu han explicado esta mañana en el Congreso que están negociando con el PSOE para que sea Sánchez el que acuda al Congreso al menos una vez al mes para dar explicaciones de cómo está funcionando la alarma ante la grave crisis sanitaria provocada por el covid-19. Todos esos grupos parlamentarios están estudiando la posibilidad de presentar una enmienda para que se pueda votar y se pueda corregir ese encargo a Illa, que está recogido en el texto de la alarma.
Además, cuatro de esos seis grupos están descontentos con la duración de seis meses y están reclamando que sea mucho menor. Según Joan Baldoví (Compromís), un estado de alarma "largo" puede dar "seguridad", pero extenderlo durante seis meses puede conducir a la "desesperanza". Por eso apuesta por buscar un punto intermedio, teniendo siempre en cuenta que hay que tomar decisiones siguiendo criterios científicos y que hacer una "guerra" de esta cuestión sería "indecente".
Gabriel Rufián (ERC) ve "peligroso" los seis meses y prefiere que se controle la aplicación con decretos de menor duración aunque se sepa que la alarma puede alargarse hasta mediados del 2021.
En la misma línea, Mertxe Aizpurua (Bildu) y Laura Borràs (como portavoz de los cuatro diputados de Junts, porque los del PDECat votarán 'sí') también han solicitado al Ejecutivo que acorte los seis meses.
