Los diputados Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull dieron el paso que desde hace tiempo se temían en el Tribunal Supremo, con intención de retrasar el inicio del juicio contra los líderes del proceso secesionista, previsto para final de año o más tardar en enero.

Los tres presentaron un escrito para recusar a los cuatro miembros del tribunal que les juzgará que formaron parte de la Sala que admitió la querella del fiscal que dio origen al procedimiento, pese a que es práctica habitual en el alto tribunal. La recusación se dirige contra el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela, que en su día admitieron a trámite la querella interpuesta por el fiscal.

El incidente de recusación admite que la Sala «extremó las precauciones para intentar no valorar de modo explícito la relevancia penal de los hechos relatados por el ministerio fiscal», pero consideró que «inevitablemente para dictar dicha resolución se tuvieron que efectuar valoraciones jurídicas sobre la tipicidad de tales hechos con las que forzosamente se emitió una opinión favorable a su relevancia penal», lo que les contaminó de cara al juicio.