Cuando España acaricia el pico de contagios y bajo un temor creciente a que las ucis colapsen la próxima semana, el Gobierno endurece el confinamiento por el coronavirus, un agravamiento que se había resistido a aplicar hasta ahora a pesar de las múltiples presiones de algunos sectores y grupos políticos.
Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo
Este sábado, con los informes de los expertos sobre la mesa apuntando a una saturación crítica de los hospitales, Pedro Sánchez asumió que tenía que ceder y paralizar toda actividad no esencial, una medida de efectos económicos adversos, sin duda, pero que busca frenar con mayor contundencia los contagios y descargar a los centros sanitarios de una avalancha en ciernes. En una comparecencia este sábado por la tarde, al presidente no le quedó más remedio que anunciar aquello que hasta el miércoles había rechazado: el frenazo de todos los servicios que no sean imprescindibles desde el 30 de marzo al 9 de abril, ambos incluidos. El permiso será retribuido y, pasado lo peor, los trabajadores deberán recuperar de forma paulatina. Como las fechas coinciden con la Semana Santa, en realidad la medida afecta a ocho días laborables pero la transmisión se puede reducir durante 15 días. Es decir, un mal menor en el momento más dramático de la crisis.
Aunque la Moncloa estudia el borrador de estas vacaciones forzosas desde hace días, el ministerio de Trabajo se afanaba anoche en completar un decreto que aprobará el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria este domingo. El hecho de que todavía estuviese terminándose de preparar el documento impidió a Sánchez abundar en detalles, pero lo que ya está claro es que el permiso va a ser retribuido, por lo tanto, pagado por los empresarios, que ahora tendrán que negociar con los sindicatos y empleados, informa Gabriel Ubieto. Cuando lo peor de la pandemia quede atrás, los trabajadores van a tener que devolver esas horas de forma "paulatina y espaciada en el tiempo", según explicó el presidente.
Aumento de ingresos hospitalarios en las ucis
El anuncio de Sánchez quedó allanado por las explicaciones que, a mediodía, había ofrecido Fernando Simón. De forma cristalina, el director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias, advirtió que algunas zonas de España han llegado ya al pico de contagios y que esto se va a traducir en un aumento tal de ingresos hospitalarios que la semana que viene que las ucis corren el peligro de colapsar. El objetivo del Gobierno ahora es evitar ese desborde.
"Lo más importante es ralenzitar el número de hospitalizados. Las ucis empiezan a estar con muchísima presión", dijo Sánchez, que insistió en que esta medida se toma justamente para "reducir la presión" en las áreas de cuidados intensivos.
Tomar la decisión no fue nada fácil. Sánchez viene advirtiendo desde el principio que los efectos de la pandemia pueden ser devastadores para la economía y con una UE que da la espalda a los coronabonos que España e Italia piden, endurecer el confinamiento resultaba todavía más complicado.
Todo esto amén del revuelo que el frenazo total ocasionará en la arena política. En el pleno del miércoles, cuando Sánchez acudió al Congreso a tramitar la prórroga del estado de alarma, quedó bien claro que algunos partidos preferían no echar el cerrojo a toda actividad (PP, Vox, Cs, PNV) mientras que otros (ERC, Más País, Compromís, Bildu), es decir, los socios de Sánchez reclamaban el parón total.
Significativo fue que incluso Podemos se mostró favorable a esta medida si los expertos sanitarios la avalaban. Sánchez rechazó la propuesta, defendió una economía al ralentí y actuar con "equilibrio". Dijo que las medidas deben aplicarse "con bisturí" para no dañar más a una economía ya comprometida, pero salió del pleno con un toque de atención severo de todos sus aliados.
