El flamante presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió ya este sábado su cargo ante el jefe del Estado. Y ante la Constitución, sí, ante la ley fundamental única y exclusivamente, siendo el primero que renuncia a hacerlo con Biblia y crucifijo de acompañamiento. En este acto verbalizó su compromiso de "cumplir y hacer cumplir" la Carta Magna, como fórmula protocolaria. Pero Sánchez insistió en las últimas horas, durante el debate parlamentario ligado a la moción de censura, que esa será su línea roja frente a demandas nacionalistas e independentistas: no sobrepasar el texto constitucional que, al mismo tiempo, plantea reformar. No podrá ser en esta legislatura por las mayorías que hay en las Cortes, advirtió, pero sí pretende al menos que haya debate en el Congreso avalándolo no ya desde un grupo parlamentario, sino desde Moncloa.

A partir de ahí, subrayó que habrá diálogo "más allá de las togas" y buscará una "solución política" para los "problemas políticos" que detecta tras la crisis territorial. Sánchez reconoció en ese debate en el Parlamento a Quim Torra (de quien reiteró que rechaza sus ideas supremacistas) y a su Govern, ese que tomó posesión el mismo día que él, como interlocutores. Eso complació al PDECat. Es más, el nuevo presidente español manifestó su deseo de reunirse, una vez tenga consejo de ministros, con Torra, así como con Iñigo Urkullu, con quien ya ha mantenido una primera conversación. Los nacionalistas vascos pretenden que se desarrolle íntegramente el Estatuto de Gernika, entre otras cosas, por lo que exigirán una nueva entrega competencial.

Quien en horas será inquilino de las dependencias monclovitas está volcado en diseñar su gabinete. Parece que a partir del lunes los elegidos recibirán llamadas con el ofrecimiento gubernamental. Al tiempo el jefe del Ejecutivo y su equipo preparan gestos para con Cataluña y Euskadi. Y sus posibles interlocutores, demandas. El 'president' avisa que quiere diálogo fluido entre administraciones y sacar adelante leyes sociales ahora paralizadas por el Constitucional.

Esta última cuestión es, precisamente, una de las que Sánchez tiene en la cabeza. Quiere disminuir los asuntos recurridos desde el Gobierno en el TC que afectan a legislación autonómica (gesto ya tuvo José Luis Rodríguez Zapatero). Es proclive a que los catalanes puedan tener, después de dialogar sobre ellas, algunas de las leyes que su Parlament impulsó y fueron frenadas por el Alto Tribunal. Y considera que el documento de más de 40 puntos que el 'expresident' Carles Puigdemont entregó a Rajoy puede ser recuperable y, algunas de sus peticiones, extendibles a otras comunidades.

Dos dilemas para el jefe del Ejecutivo

Por su lado, fuentes parlamentarias del PDECat señalan dos iniciativas que, frente a esa comprometida cita entre Sánchez y Torra, podrían "destensar" la situación. En primer lugar, acabar con el control reforzado del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Aprobada en el 2015 por el Gobierno del PP, la medida, todavía en vigor pese al cese del 155, condiciona lo pagos al respeto al ordenamiento jurídico. Por otro, derogar el decreto de octubre del año pasado, en el momento más tenso de las relaciones entre Estado y Generalitat, que facilita el cambio rápido de residencia de una compañía empresarial, para que la decisión pueda tomarla el consejo de administración sin pasar por junta de accionistas.

No son asuntos sencillos para el presidente socialista. El primero, porque él mismo lo ha avaló ante Rajoy. De hecho, en la reunión que ambos mantuvieron a mediados de mayo, cuando Torra se hizo con el poder, emitieron un comunicado conjunto en el que dejaron, negro sobre blanco, que PP y PSOE respaldaban "la vigilancia" de los recursos públicos al servicio de Cataluña para evitar su uso en pro de la secesión. También que se impediría cualquier intento de poner en marcha estructuras políticas propias de un Estado independiente. "Y eso se incluyó en el texto porque lo quiso Sánchez, así que si ahora incumple, estaremos en nuestro derecho de denunciar su deslealtad", advierten fuentes populares. El segundo punto, el de las empresas, es complicado por la presión que a buen seguro recibirá del IBEX y el mundo de la economía.

Los diputados del PDECat confían en un cambio de etapa y en que se normalice el debate territorial. Las fuentes consultadas explican que habrá dos dinámicas. Una proveniente del exterior, por parte de Puigdemont y los 'exconsellers' huidos, más frentista. Otra, desde Barcelona, en la que Torra y su Govern tendrán un tono menos agresivo con el Ejecutivo. Los convergentes también anhelan que el relevo gubernamental favorezca a los dirigentes presos, pero aquí se hacen menos ilusiones. Y explican que, en todo caso, las gestiones tendrán que hacerse "con la máxima discreción".