Cuando Pedro Sánchez cenó con el Rey y su homólogo francés, Emmanuel Macron, la víspera de la votación de la senda de déficit, era consciente de que estaba a punto sufrir su primera gran derrota como presidente. Por lo menos uno de los aliados a los que contaba con persuadir comunicó la noche del pasado jueves al Gobierno que finalmente se abstendría y que, por lo tanto, no había números suficientes: el Congreso iba a tumbar la propuesta del Ejecutivo. Nadie tenía dudas de que el resto de socios reaccionaría en cadena, ya que todos los votos eran indispensables para el aprobado y los grupos no deseaban apoyar a Sánchez en vano. El PSOE solo consiguió los votos de cinco diputados fuera de sus filas, los del PNV. Unidos Podemos, ERC, PDECat y Compromís se abstuvieron. PP, Ciudadanos, Foro Asturias, Coalición Canaria, UPN y Bildu votaron en contra. El representante de Nueva Canarias se marchó sin votar a pesar de haber anunciado un sí crítico.

El varapalo fue indiscutible, aunque el presidente no estuvo en el hemiciclo para constatarlo, sino a medio camino entre el Consejo de Ministros y su cumbre en Lisboa con Macron y el portugués António Costa. Y sin embargo, las lecturas que hacen el Ejecutivo, sus socios y el resto de la oposición sobre las consecuencias de esta derrota parlamentaria son tan dispares que evidencian que la legislatura es una moneda al aire.

En lo inmediato, el Gobierno tiene intención de presentar la misma senda de déficit después del verano para que se someta a votación en el Congreso, de nuevo. Fuentes del ministerio de Hacienda consideran que no existe margen para cambiar la propuesta, así que asumen que si los socios no «reconsideran» su posición no les quedará más remedio que aplicar los objetivos de déficit y deuda que dejó validados el PP. Se trata de un proyecto mucho más restrictivo y se perderían los 6.000 millones de euros extra que Bruselas ha concedido a Sánchez para gastar, de los cuales 2.400 iban a comunidades autónomas.

Tras la derrota, la ministra María Jesús Montero se mostró dispuesta a negociar con los grupos, no una senda de déficit que ve inamovible, sino directamente el Presupuesto del 2019. Si los aliados no ceden y aprueban los objetivos en septiembre, explicó el Gobierno, se verá obligado a fundamentar la arquitectura de las cuentas generales para el año que viene en las bases restrictivas que dejó el PP.

LOS SOCIOS SE DESMARCAN / Tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz Celaá explicó que el Ejecutivo no ha debatido aún un cambio en sus planes presupuestarios pero, si es necesario, los «reordenarán» de acuerdo con sus «prioridades», que liga a la agenda social de Sánchez.

Hacienda ya viene advirtiendo desde hace días que en ese caso es muy probable un «retoque fiscal» para garantizar más ingresos que permitan compensar el rechazo al incremento del gasto. No ha dado más detalles, aunque las autonomías podrán rascar alguna respuesta en la nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que tendrá lugar el próximo martes.

La decisión de no negociar la senda de déficit y volver a llevar al cámara baja la misma propuesta tras el verano refleja el pulso entre Sánchez y sus aliados.

Los mismos socios que le apoyaron en la moción de censura, le suspendieron ayer, y en el debate le conminaron a negociar. Ninguno de ellos interpreta este suspenso parlamentario como un hachazo a la legislatura. Consideran que el Gobierno tiene margen para presentar una propuesta más generosa de senda de déficit. Más allá de las claves internas, que son distintas en cada formación, los aliados venden más caros sus apoyos ahora a Sánchez no solo por convencimiento ideológico, sino también por la necesidad de desmarcarse del PSOE y nutrir con discursos altisonantes a sus respectivas parroquias.

Unidos Podemos opina que lo ofrecido hasta ahora es insuficiente. «Apuntala una estrategia de desmantelamiento de lo público y desamortización de las conquistas del movimiento obrero», resumió el líder de IU, Alberto Garzón. Los comuns ofrecen diálogo y piden al Ejecutivo que reforme la ley de estabilidad para que el Senado no tumbe la senda aprobada por el Congreso de forma irreversible. Reclaman también que se flexibilice la regla de gasto de los ayuntamientos para que puedan invertir su superávit.

DIÁLOGO POLÍTICO / ERC pide avances en el diálogo político e insiste en que «el problema catalán no se soluciona con buena cara y un par de décimas más en el déficit público».

El PDECat advirtió a Sánchez de que no tienen «un contrato de adhesión» y reclamó «incentivos» para apoyarle. Afearon al Gobierno que no haya previsto con antelación reformar la ley de estabilidad para evitar que el PP tenga capacidad de bloqueo en la senda de déficit. El Gobierno no confirmó sus planes para modificarla.

Los diputados de Compromís, molestos con las dificultades para reformar el modelo de financiación autonómica, pidieron al Ejecutivo que interpretase su posición como un «voto de confianza». No fue así. «Hay ocasiones en que abstención no es una muestra de equidistancia», reprochó la ministra de Hacienda.

Desde la oposición pura, el PP cargó contra una senda de déficit que considera «tramposa» al ofrecer como cebo 2.400 millones a las autonomías.

Por su parte, Ciudadanos votó en contra con el convencimiento de que los planes del Gobierno implican el incremento del déficit, el «derroche» y una subida generalizada de impuestos a la clase media, por la que no están a favor, según explicaron.