Más de dos meses y medio después de que se aprobara el estado de alarma, España empieza a ver la luz al final del túnel. Con la sexta y última prórroga que el Congreso de los Diputados aprobó ayer, el periodo excepcional frente al virus acabará el 21 de junio, tras meses de confinamiento muy estricto que han cambiado, entre otras muchas, las piezas de la política. «Nada será igual después de esto», insistían en la Moncloa al comienzo de la pandemia. Pero los colaboradores de Pedro Sánchez no contemplaban entonces los sobresaltos que han vivido. Ni el acoso y derribo por parte del PP y Vox, ni la presunta necesidad de pactar con EH Bildu, ni la crisis en la Guardia Civil entraban en sus planes. Tampoco el hecho de que la última extensión de la alarma fuese casi un paseo parlamentario, en comparación con las negociaciones inmediatamente anteriores, gracias a los rápidos pactos con ERC, Ciudadanos y el PNV.
En términos estrictamente numéricos, Sánchez coge aire. Ha logrado recuperar la mayoría que hizo posible su investidura, al volver a atraer a los republicanos, con quienes acordó su abstención en la prórroga a cambio de que las autonomías recuperen sus competencias en la fase 3 de la desescalada.
Al mismo tiempo, ha pactado en varias ocasiones con Cs, un partido instalado en la confrontación hasta hace muy poco, ensanchando, en teoría, el margen del Ejecutivo para aprobar sus iniciativas. Empezando por los Presupuestos Generales del Estado, que siguen siendo los que sacó adelante Mariano Rajoy en el 2018, días antes de la moción de censura.
EL ESCEPTICISMO / Pero en la Moncloa se muestran escépticos. El entorno del presidente ve muy difícil consensuar las cuentas públicas con los naranjas y al mismo tiempo con los grupos que permitieron su reelección, mayoritariamente de izquierdas. El Gobierno teme también que conforme se acerquen las elecciones catalanas, aún sin fecha pero en principio inminentes, el entendimiento con ERC, que compite con JxCat por el voto independentista, sea cada vez más complicado. Y preocupa lo ocurrido en Interior durante los últimos días, con el ministro, Fernando Grande-Marlaska, dando explicaciones contradictorias sobre el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, por no avisar de un informe sobre la investigación al Gobierno por la manifestación del 8-M.
El Partido Popular y los ultras de Vox, que llevaban ya tiempo volcados en el ataque frontal al Gobierno (por el número de contagios y muertes o la compra de material sanitario defectuoso), han encontrado en este episodio la piedra sobre la que levantar su tesis de que el presidente Sánchez es un presidente «radical» y casi antidemocrático, que no deja trabajar a las Fuerzas de Seguridad ni respeta la independencia judicial.
Pero esta actitud de rechazo a todo lo que salga de la Moncloa por parte de la derecha y la ultraderecha ha servido para cimentar la alianza del PSOE y Podemos. Pocas cosas unen más que el ataque externo.
Ambos partidos han mostrado sus diferencias durante estos meses de encierro. Por ejemplo, sobre la reforma laboral, después de pactar con Bildu su derogación íntegra, en un momento en el que el vértigo cundió en el Ejecutivo ante la posibilidad de que no saliera adelante la quinta prórroga. Los socialistas rectificaron horas más tarde, volviendo a su doctrina tradicional de que solo se tumbarían los «aspectos más lesivos» del proyecto del PP, pero el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, insistió en que lo acordado obligaba y debía cumplirse en todos sus extremos.
El tono del discurso político ha sido otro elemento de fricción, después de que el líder morado acusara a Vox de «querer un golpe de Estado» y no «atreverse» a darlo. El vicepresidente se disculpó al día siguiente, pero al mismo tiempo insistió en que era «verdad».
EL «VENENO DEL ODIO» / La acusación casaba mal con la actitud que quiere transmitir Sánchez, quien intenta, y no siempre consigue, elevarse por encima de este ambiente político crispado, casi irrespirable, muy distinto al de otros países del entorno europeo. El presidente volvió a llamar a la «unidad» durante un discurso optimista, alejado de las sombrías advertencias del comienzo de la pandemia (del «vienen momentos muy duros» ha pasado a «estamos cada vez más cerca de conseguirlo»), en el que anunció que la próxima semana aprobará un decreto con las medidas sanitarias que se mantendrán una vez expire la alarma. «Digamos no al veneno del odio, no a la violencia física, no a la violencia verbal, no al insulto, no a la provocación», pidió el presidente a la bancada de la oposición.
No tuvo ningún éxito. Desde el PP, Pablo Casado acusó al Ejecutivo de comportarse como los «regímenes totalitarios», hacer «purgas» en la Guardia Civil y llevar a cabo una «moción de censura» al Estado. Para Santiago Abascal, de Vox, Sánchez es una «catástrofe»; Iglesias, un «guerracivilista», y el Gobierno, «negligente» y «criminal». Para Casado, Sánchez «se intentó vender como un mirlo blanco de la regeneración política pero ya es un pato cojo»
«VIVA EL 8 -M» / «Señor Casado, señor Abascal, en fin, qué más dará. Tanto monta, monta tanto», contestó el presidente. Frente a los ataques del Partido Popular y de Vox por las movilizaciones feministas celebradas el pasado 8-M, Sánchez afirmó tajante: «Viva el 8-M». Las respuestas fueron similares a las anteriores. Pablo Casado: «Decir ‘viva el 8-M’ es el grito de rabia de un boxeador sonado». Abascal: «Gritar ‘viva el 8-M’ es como gritar ‘viva la enfermedad’, ‘viva la muerte’».
