Pedro Sánchez pensó en dejar la política a finales del 2011, cuando se quedó a un puesto de entrar en el Congreso. También consideró la posibilidad en el otoño del 2016, al ser obligado a dimitir por su propio partido. Ahora es presidente del Gobierno. Lleva 100 días en la Moncloa, tiempo en el que el PSOE ha despegado en las encuestas y él se ha asentado en el poder, pese a la presión de sus socios.

Nadie sabe cuánto durará antes de convocar elecciones. Los miembros del Ejecutivo insisten en público y en privado que quieren agotar la legislatura, llevarla hasta el 2020, pero al mismo tiempo reconocen que no hay nada seguro con solo 84 diputados socialistas, un exiguo apoyo que les obliga a negociar cada medida a varias bandas.

Primero, con Podemos. El partido morado nació con la vocación de desbancar al PSOE y estuvo a punto de conseguirlo, pero su actitud es otra en estos tiempos. Pablo Iglesias, de quien Sánchez dijo tras su frustrado intento de investidura que le había "engañado", es ahora el "socio preferente" del Ejecutivo. Todo, desde el nuevo Consejo de RTVE al proyecto de Presupuestos para el año que viene, se negocia primero con él.

Iglesias llegó a hablar esta semana de "cogobernar" con Sánchez, y el Gobierno dio por buena la expresión, pero socialistas y morados no suman. Necesitan a nacionalistas vascos y catalanes. Con los primeros la alianza parece sólida. Con los segundos, todo es más difícil.

Diálogo con la Generalitat

ERC y el PDECat, que apoyaron a Sánchez en la moción de censura, tienen un papel clave en esta legislatura, cuyo futuro pasa en gran parte por la evolución de la crisis territorial. El jefe del Ejecutivo ha cambiado aquí también la dinámica de Mariano Rajoy. Se ha reunido con el 'president', Quim Torra, durante una cita (se espera otra en Barcelona este otoño), en la que ambos desplegaron su tono más conciliador. Ha reactivado las comisiones bilaterales. Y ha autorizado el traslado de los presos independentistas a cárceles catalanas.

El inicio es prometedor, pero el otoño caliente que prepara el independentismo, empezando por la Diada del martes, y sobre todo el proceso judicial sobre el referéndum del 1 de octubre pueden alterar todo el escenario. ERC y el PDECat piden a Sánchez que interceda para que la fiscalía retire la acusación de rebelión. El Ejecutivo contesta que el ministerio público es autónomo y no está dispuesto a dar ese paso. Al mismo tiempo, el PP y Cs, en plena pugna por el liderazgo del centro-derecha, acusan a Sánchez de "debilidad" frente al separatismo.

"Una condena dura del Tribunal Supremo hará saltar todo por los aires. Nosotros no podremos apoyar en esa condiciones los Presupuestos, y eso que creemos que unas nuevas cuentas, más sociales, serían buenas para todos", señalan los republicanos. Los posconvergentes, más alejados del PSOE en materia económica, tienen una posición similar. .

La rapidez y los errores

Todo va muy rápido en la Moncloa. El pasado viernes, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, presumió de haber reactivado la política en "un tiempo récord". Otro ministro añade: "Venimos de Rajoy, que actuaba como un administrador gris que no quiere tocar nada. El contraste no puede ser mayor".

En estos 100 días, el Gobierno, entre otras medidas, ha devuelto el carácter universal a la sanidad, ha aprobado la exhumación de Francisco Franco, ha ordenado acoger a los inmigrantes del ‘Aquarius’ (lo que no impidió la posterior devolución a Marruecos de 116 personas que saltaron la valla de Ceuta) y ha activado el diálogo con Catalunya.

Esas prisas son las que explican, según fuentes del Gobierno, los errores cometidos: del fichaje como ministro de Cultura de Màxim Huerta, que se vio obligado a dimitir por sus antiguos problemas con Hacienda, a los habituales cambios de criterios en fiscalidad, memoria histórica y ventas de armas.

En el Ejecutivo están convencidos de que ninguno de estos tropiezos tendrá efecto en las urnas. En cualquier caso, Sánchez maneja los tiempos. Puede convocar elecciones cuando quiera y ha colocado al PSOE en cabeza.