Pedro Sánchez se estrenó ayer como presidente del Gobierno en el madrileño Palacio Real. Allí acudió junto a su esposa y la mayoría de su Gabinete a la recepción ofrecida por los Reyes con motivo de la Fiesta Nacional. Participó en los tradicionales corrillos con la prensa en los que, inevitablemente, Cataluña fue protagonista un año más tanto por su situación o actualidad política -horas antes de esta cita palaciega en el Parlament se había reprobado al Rey- como por la relevancia que, frente a la aprobación de los Presupuestos del 2019, tendrá la posición que adopten los partidos independentistas.

A todo ello se refirió Sánchez sin cámaras y micrófonos delante, apostando por tirar de paciencia tanto para iniciar las negociaciones formales de las Cuentas como para rebajar la tensión con los soberanistas para, si eso se lograra, poder poner sobre la mesa «soluciones políticas».

Y es que Sánchez explicó claramente que el plan que tiene en la cabeza para Cataluña consta de tres fases: una primera de «normalización y distensión»; una segunda de oferta de «soluciones políticas» a la grave crisis territorial que se vive desde hace años, y una tercera y final en la que, «inevitablemente», los catalanes tendrán que votar. Eso sí, insistió en que no propone ningún referéndum sobre la autodeterminación, sino medir los apoyos de una propuesta de mayor autogobierno.

Según el presidente, en estos momentos su Gobierno ha orientado su acción al primero de esos tres escenarios poniendo en valor las múltiples bilaterales que se están celebrando en distintos campos con la Generalitat. Aseguró que están empezando a dar resultados prácticos que no tardarán en materializarse y enmarcó la negociación presupuestaria dentro de este ámbito de búsqueda de normalidad. Fue entonces cuando especificó que será «a finales de noviembre o principios de diciembre» cuando lleve el proyecto de Presupuestos ya redactado al Congreso y que, a partir de ahí, se abrirán oficialmente contactos en busca de avales, también con los independentistas. No es descartable que, mientras tanto, Podemos y especialmente los comuns hagan un trabajo previo de acercamiento. «Hay que tener paciencia», dijo Sánchez, que en todo momento abogó por intentar romper la política de bloques, de una vez, en Cataluña. Sin dar al respecto más detalles.

«RELACIONES MEJORABLES» / El jefe del Ejecutivo se mostró optimista sobre la posibilidad de sacar adelante el proyecto presupuestario que ha pactado con Pablo Iglesias. Seguramente que el PNV está dispuesto a negociarlos (si se adoptan los compromisos que ya había firmado antaño con el PP y se suman otros nuevos) y eso ayuda. También exhibió su determinación para agotar la legislatura. Ni de manera remota aceptó hablar sobre un hipotético adelanto de las elecciones generales que, según afirmó ayer, no está entre las citas con las urnas que se vislumbran ya en el horizonte inmediato. Y eso que PP y Cs, con los que tiene una relación «mejorable», demandan sin pausa comicios y le hacen una oposición «al Estado, no al Gobierno, dando alas a la extrema derecha».

Algo más de escepticismo demostró a la hora de comentar los tiempos en Cataluña para esas fases ya mencionadas de su plan. Inevitablemente salieron a colación la situación de los políticos presos y del gesto que ERC demanda para, entre otras cosas, darle apoyo a las cuentas públicas del 2019. «Una cosa es el poder ejecutivo y otra, el judicial. Cada cual tiene su camino», respondió el presidente, cerrando la puerta a tratar de influir en esa cuestión.

LA REPROBACIÓN AL REY / No fue el único tema espinoso que, según admitió, afecta a esa fase de normalización que pretende superar cuanto antes: el hecho de que el Parlament haya reprobado al Rey y reclamado abolir la monarquía a iniciativa de los comuns y con votos de JxCat y ERC no gustó en la Moncloa.

Nada. Sánchez confirmó a los periodistas que se estudia cómo darle una respuesta jurídica, pese a ser complicado por tratarse de una proposición no de ley con intenciones «declarativas». «La realidad es que el independentismo sigue en fase declarativa, no ha hecho nada irregular o ilegal», apuntó.

En línea similar se pronunció la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien señaló que ha de hallarse una forma contundente de responder a ese desafío del Parlament sobre el modelo de Estado y la monarquía parlamentaria, porque una Cámara autonómica, continuó, no debe poner en cuestión un sistema que está en los márgenes de la Constitución.

«Hay que lanzar un mensaje con nuestra respuesta a la reprobación. Dentro de la Constitución y del Estatuto cabe hacer política y debatir, fuera, no», avisó la vicepresidenta. Por su parte, en Zarzuela, le restan importancia a esa iniciativa por carecer de valor jurídico y la enmarcan en un contexto en el que el independentismo, por su «situación de división», necesita «gesticular más».