La apertura del curso político en septiembre se presenta complicada para el Gobierno. Los brotes de la epidemia continúan y pueden convertir la vuelta a la escuela en una bomba de relojería. España se encuentra en recesión, tras dos trimestres consecutivos con caídas del PIB: la última, del 18,5%. La crisis territorial en Cataluña volverá al primer plano si el 'president', Quim Torra, es inhabilitado a mediados del mes que viene por el Tribunal Supremo. Y el Gobierno tiene que empezar a negociar los Presupuestos, un proyecto para el que de momento no cuenta con los apoyos suficientes. El clima del Ejecutivo con sus socios tradicionales no es bueno. La controvertida salida de Juan Carlos I, cercado por las sospechas de corrupción, no solo ha evidenciado las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos, sino que también está alejando a Pedro Sánchez de los grupos que permitieron su investidura el pasado enero, para quienes se trata de una "huída".
Los aliados de la coalición están mucho más cerca de los morados que de los socialistas en este asunto. ERC, Bildu y el BNG, que contribuyeron a la reelección de Sánchez, pidieron la semana pasada en el Congreso, junto a JxCat y la CUP, las comparecencias del presidente y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. La exigencia de rendición de cuentas también viene reclamada por Unidas Podemos, así como Más País y Compromís, mientras que el PSOE la rechaza, viéndose forzado a sumar sus votos a los de la derecha para impedir que salga adelante. El PNV evita de momento plantear iniciativas parlamentarias, pero su opinión sobre el destierro del rey emérito, en cuyo diseño participaron Sánchez y Calvo, es negativa. La marcha del exjefe del Estado, que continúa en paradero desconocido, es "inaceptable", consideran los nacionalistas vascos, que critican la "poca claridad del Estado".
Las comisiones de investigación
Los socialistas reconocen que el 'caso Juan Carlos I' "enrarece" la relación con sus socios, pero no creen que vaya a impedir un pacto en los Presupuestos. El PSOE recuerda que la división ya se ha plasmado antes, con las solicitudes de una comisión de investigación sobre los negocios del rey emérito, sucesivamente rechazadas por los socialistas junto al PP y Vox, y que esas iniciativas no han impedido llegar a acuerdos con sus aliados sobre materias "que no tienen nada que ver". El partido de Sánchez también otorga trascendencia a la moción de censura anunciada por Vox para septiembre, porque volverá a reunir al bloque de la investidura frente a la derecha, demostrando que "no hay mayoría alternativa en el Congreso".
Mientras tanto, Unidas Podemos no va a cejar en sus ataques a la Casa del Rey, por mucho que Sánchez insista en que no es la Monarquía la que está en tela de juicio. Los morados también pedirán en septiembre la comparecencia de Calvo, así como la de Felipe VI, y preparan una batería de iniciativas para "garantizar la transparencia sobre las cuentas" de la Jefatura del Estado, para conocer también "los viajes privados y el patrimonio de sus miembros".
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, contradecía este lunes la tesis de Sánchez. El presidente sostuvo el pasado martes que "no se juzgaban instituciones, sino personas". Para Garzón, la distinción no puede aplicarse aquí. "La clave no es si Juan Carlos es buena persona, sino cómo y sobre todo por qué pudo hacer lo que hizo escribió en Twitter-. Instituciones, no personas".
