La concejala de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona Maria Rovira se ha ratificado este jueves ante un juez de Barcelona en sus afirmaciones pronunciadas en un pleno municipal en las que acusaba a los Mossos de haber "ejecutado extrajudicialmente" a los terroristas que atentaron en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto del 2017. La dirigente anticapitalista, que ha declarado en calidad de investigada, ha precisado que con estas palabras quería abrir un debate sobre la muerte de los miembros de ese comando yihadista abatidos a tiros por la policía autonómica y poner sobre la mesa la necesidad de un modelo policial que garantice los derechos humanos. En su opinión, se podría haber vulnerado sus derechos a un juicio justo y a la presunción de inocencia.

El abogado de Rovira, David Aranda, ha enmarcado las manifestaciones de la política en el pleno en su derecho a la libertad de expresión. El abogado que representa a uno de los sindicatos denunciantes, José María Fuster Fabra, ha asegurado, por su parte, que ha sido "delirante" y "surrealista" escuchar que el cuerpo de los Mossos es una fuerza de seguridad que practica ejecuciones extrajudiciales.

El juez abrió en diciembre del año pasado estas diligencias contra la concejal de la CUP a raíz de las denuncias presentadas por varios sindicatos policiales ante la fiscalía, que, tras su estudio, acordó llevarlas al juzgado para que se investigue si María Rovira ha cometido un delito de injurias a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Una sesión de homenaje

El polémico pleno se celebró el 8 de septiembre de 2017. Durante esa sesión, en la que el consistorio concedió la medalla al mérito cívico a los Mossos y la Guardia Urbana por su papel antes los atentados, Rovira lamentó que no se hubieran tenido en cuenta las "ejecuciones extrajudiciales" de los terroristas y acusó a la Guardia Urbana de ser el brazo ejecutor del racismo institucional. Durante la operación policial para dar caza a los autores de la masacre, la policía autonómica abatió a cinco miembros del comando en Cambrils y un sexto en la población de Subirats.

A raíz de esas afirmaciones, el Sindicato de Policías de Catalunya (SPC) presentó ante la Fiscalía de Barcelona una denuncia en la que acusaba de injurias a la concejal de la CUP, al entender que su único propósito era "desprestigiar al cuerpo de Mossos" y a los agentes que abatieron a los terroristas. Según esta denuncia, las declaraciones de Rovira en el pleno municipal tenían "la clara intención de injuriar y atentar contra la dignidad de la propia institución y la de los agentes actuantes en los atentados, en un momento en que, precisamente, la sociedad estaba valorando positivamente su actuación en los hechos descritos". Además del SPC, en la causa abierta contra Rovira están personados la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y el Sindicato de Agentes de la Policía Local.