La legislatura actual se caracteriza por el extenso uso que el Gobierno, en minoría parlamentaria, ha llevado a cabo del veto a las iniciativas de la oposición, pero el Tribunal Constitucional (TC) dio a conocer ayer un fallo que puede tener implicaciones sobre esta facultad del Ejecutivo. Los magistrados consideran por unanimidad que esta prerrogativa no es ilimitada, sino que la Mesa del Congreso de los Diputados, el órgano que gobierna la Cámara baja, tiene capacidad para levantar esos vetos cuando considere que no están justificados.
El Gobierno ha impedido propuestas de la oposición hasta ahora en 62 ocasiones, muchas más que en periodos anteriores, amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución. «Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación», señala el precepto.
Gracias a que suman mayoría en la Mesa del Congreso, el Partido Popular (PP) y Ciudadanos han avalado siempre los vetos del Ejecutivo, salvo en dos ocasiones en las que el partido naranja se unió al PSOE y a Unidos Podemos. Una de ellas, relativa a una iniciativa de los socialistas para parar la Lomce, es la que ha motivado esta sentencia del Constitucional, después de que el Gobierno recurriera al Constitucional la decisión de la Cámara baja.
El alto tribunal señala que la capacidad de veto del Gobierno está sujeta a dos «límites»: la ley paralizada debe incidir «directamente» sobre el Presupuesto en vigor y hacerlo de forma «real y efectiva». Si la Mesa estima que no se cumplen estas dos condiciones, puede levantar el veto. La presión se traslada ahora a Cs, que hasta ahora ha seguido al PP en todos los casos salvo dos al entender que formaba parte de su pacto de legislatura. Tanto el PSOE como Unidos Podemos pidieron al partido de Albert Rivera que reconsidere su posición a la luz de la sentencia.
