La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el último intento del Partido Popular por tratar de evitar a la jueza de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa Freire, en el ‘caso de los ordenadores de Bárcenas’, al desestimar la segunda recusación presentada contra la magistrada y que ha logrado paralizar el procedimiento durante meses.

El tribunal considera que “las acciones o relaciones" de la jueza Freire "no han traspasado los límites ordinarios de la actitud imparcial que debe ser observada en el desempeño de la función judicial ni han proyectado una imagen de pérdida de las condiciones de equidistancia procesal exigible a todo juez en el ejercicio de su función judicial”.

Esta segunda recusación presentada por el PP -la anterior fue rechazada, sin necesidad de tramitarla incluso- alegaba que la jueza que ha investigado la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas tenía en la sede de la calle Génova había perdido su imparcialidad tras ser propuesta para un puesto en la Audiencia Nacional por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta, nombrado a propuesta del PSOE, partido por el que, con anterioridad a su designación en el órgano de gobierno de los jueces, fue diputado.

La Sala considera que no se puede asumir que la defensa de una candidatura determinada para cubrir un puesto judicial previamente ofertado a través del mecanismo temporal de la comisión de servicios implique una “contaminación política sobre la aspirante”.

NADA CONTAMINA

Tampoco el haber mantenido con Cuesta, según el PP, una relación “evidente” en el marco de la que coincide regularmente en eventos y ponencias, ya que se trata de foros en el ámbito de la mediación penal. "No puede resultar extraño ni generar suposiciones relacionales negativas el hecho de que coincida en varias actividades formativas con miembros de la carrera judicial que se dedican al estudio de estas materias", sostiene la resolución.

Y en cuanto a que el grupo parlamentario socialista propuso a la magistrada para intervenir ante la Comisión de Justicia en el debate sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Audiencia argumenta que se trató de "una lectura técnica de diversos aspectos de la norma entonces en elaboración, lo que no puede apartarle del conocimiento de un asunto en el que se ve involucrado uno de los partidos políticos con presencia parlamentaria".

De ahí que todos "las circunstancias alegadas" del PP para tratar de apartar a la jueza Freire, "ni por sí solas ni en su conjunto", proyectan desde "un punto de vista objetivo y aséptico la impresión de pérdida de imparcialidad de la magistrada recusada que tuviese como consecuencia el apartarla del ejercicio de su función constitucional en el caso" concreto.