El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato declarará el próximo 5 de abril en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid en calidad de investigado, en el marco de las pesquisas por el supuesto blanqueo de capitales que le atribuye la Unidad Central Operativa (Uco) de la Guardia Civil. El exdirector general del FMI tendrá que responder a las acusaciones contenidas en un informe de la Uco, fechado en marzo de 2017, que ve indicios suficientes de que empleó mercantiles domiciliadas en el extranjero -Vivaway y Kradonara- sin actividad social conocida, utilizando como testaferros sociedades fiduciarias. La decisión del juez Antonio Serrano-Arnal se produce a instancias de la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó la reapertura de las diligencias tras estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra el sobreseimiento de esta pieza separada del caso Rato. En dicho auto, conocido el pasado octubre, los magistrados de la sección 23 alegaban que existen indicios de que el exministro «ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública», si bien acordaban mantener el archivo provisional del cohecho también atribuido por la Uco. Al respecto, explicaban que las pesquisas sobre este último delito, que Rato habría cometido en la época en la que fue ministro de Economía (1996-2004), «no son lo suficientemente reveladoras» ni aclaraban si utilizó «su posición privilegiada de numerosas empresas públicas» para influir en el nombramiento de sus presidentes. Refutaron así una de las conclusiones de la Uco, que señalaba a «Cor Comunicación» como la sociedad que más fondos habría recibido de las empresas privatizadas, 67,6 millones, principalmente de Endesa (61,88 millones), Paradores (2,20 millones) y Repsol (1,13 millones).
Respecto al delito de blanqueo, el tribunal destacaba la existencia de pruebas que apuntan a que empleó «Vivaway» y «Kradonara» con el «fin último de defraudar a la Hacienda Pública».
