De todas las características de Quim Torra, el Gobierno solo se fijó ayer en su pasado como vendedor de seguros. «Tiene que valorar muy bien los riesgos», señaló el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. A la luz de la designación por parte de Carles Puigdemont del diputado de JxCat como candidato a presidente, el Ejecutivo subrayó su compromiso con los límites temporales del artículo 155 de la Constitución, que decaerá en cuanto el nuevo Govern «tome posesión». Y avisó de que volverá a actuar con «firmeza» si se «incumple la ley». Hay medidas, en cualquier caso, que se mantienen en vigor, como el control reforzado del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), aprobado en el 2015, que condiciona los pagos al respeto al ordenamiento jurídico.

El mensaje no solo iba dirigido a los partidos independentistas, sino también a Albert Rivera, que intenta erosionar al PP acusándole de falta de firmeza ante la crisis territorial. A primera hora de la mañana, el líder de Cs, que dos días antes había anunciado que dejaba de apoyar al Gobierno en Cataluña, abogó por usar el 155 más allá de lo acordado. La suspensión de la autonomía, dijo Rivera, debe mantenerse hasta que «no haya una declaración explícita, nítida y clara del fin del proceso separatista». Para el Gobierno, este cambio del dirigente naranja supone una prueba más de su falta de «madurez». «Cs ha dicho muchas cosas a lo largo de los últimos meses. Esta es otra más», señaló Méndez de Vigo, antes de leer el acuerdo que salió del Senado a finales de octubre con los votos de conservadores, socialistas y naranjas, donde queda claro que el 155 decaerá en cuanto el nuevo Govern empiece a ejercer sus funciones. Lo cual, insistió después Mariano Rajoy, no significa que no pueda activarse de nuevo. La suspensión de la autonomía catalana ya ha sentado un «precedente», dijo en Cádiz el presidente, «un procedimiento que quedará para el futuro si fuera necesario».

«Es necesario que el Parlament elija a un presidente legal, que gobierne con normalidad e imponga la sensatez, el sentido común y la legalidad», continuó Rajoy. El Gobierno, de momento, evita concretar si cree que Torra cumplirá con estas condiciones. Ni Rajoy ni Méndez de Vigo valoraron los polémicos tuits, después borrados, que el aspirante publicó entre el 2011 y el 2014, con frases como «vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su vocabulario» o «[los catalanes] vamos en coches particulares y nos lo pagamos todo. No hacemos como los españoles».

Mientras, el presidente pidió «juzgar» a Torra «por sus hechos» y el portavoz puso el foco en su pasado como «vendedor de seguros», los partidos cargaron contra estos mensajes. Para la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, el dirigente de Junts per Catalunya es un «sectario» cuya designación revela la «tiranía» de Puigdemont. Desde Podemos, su secretario general, Pablo Iglesias, exigió a Torra que pida perdón por sus comentarios «racistas». El aspirante se disculpó. «Si alguien entendió mis tuits como una ofensa, no era mi intención», dijo.