Lo que en un principio pareció como un caso casi gracioso, en comparación con los graves casos de corrupción que han asolado la política española, ha ido derivando, cual bola de nieve, en un escándalo mayúsculo que a estas alturas amenaza con socavar la política no solo en la Comunidad de Madrid, sino la propia lucha por la Moncloa.

Ayer domingo, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, señaló que no descarta que su formación se sume a la moción de censura del PSOE contra Cristina Cifuentes si el PP la sigue «encubriendo» y no propone un candidato «limpio». «No vamos a permitir que Cifuentes siga gobernando y el PP tendrá que decidir», dijo Aguado. El PP, por su parte, admite que el caso Cifuentes altera sus planes para presentar candidatos antes del verano.

Y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, destacó que en este escándalo «no hay terceras vías» y llamó al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a elegir entre el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, o «la corrupción del PP».

Cristina Cifuentes / Poniendo distancia con su antecesora en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y presentándose como una bocanada de aire limpio, en las autonómicas del 2015 salvó los muebles a un PP madrileño muy tocado por los escándalos de corrupción. Al comienzo del escándalo por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, intentó que pasara como la venganza de un búnker corrupto de su propio partido, al que cantó un mensaje en un famoso vídeo para las redes sociales: «No me voy, me quedo».

Javier Ramos / Catedrático e ingeniero de Telecomunicaciones, al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) siempre le han considerado un continuador designado por su predecesor, Fernando Suárez Bilbao, y por el clan académico próximo al PP que este lideraba, y al que pertenece Álvarez Conde. Al comienzo del escándalo cerró filas con él y con Cifuentes. Pero, tras abrir diligencias la Fiscalía, ha retirado su mano del fuego. Hoy está dispuesto, incluso a querellarse con profesores de su antigua tribu.

Enrique Álvarez Conde / Catedrático de Derecho Constitucional, el director del máster de Cifuentes fundó en el 2005 el Instituto de Derecho Público, ente autónomo con el que captaba fondos para la Universidad con todo tipo de cursos, no solo de Derecho Autonómico, como el de Cifuentes; también algunos de disciplinas tan ajenas como la Terapia Sexual y de Pareja. Siempre ha presidido ese ente, concurriendo en solitario en las elecciones. Bajo el gobierno de José María Aznar, dirigió el Instituto Nacional de Administración Pública. Mariano Rajoy era su ministro.

Alicia López de los Mozos / Especialista en Derecho Constitucional, fue alumna predilecta de Álvarez Conde y supuesta presidenta del tribunal que tuvo que evaluar un trabajo final de máster realizado por Cifuentes. También fue la primera en admitir al rector, por escrito, que su firma que aparece en el acta de evaluación es falsa.

Clara Souto / Pupila de Álvarez Conde, enseñaba Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos hasta que, recientemente, ha pedido una baja. El 6 de abril admitió que su firma, estampada en el acta de evaluación de Cifuentes, es falsa.

Cecilia Rosado / Profesora contratada de la Universidad Rey Juan Carlos y coordinadora del máster, es la secretaria del tribunal que supuestamente evaluó a Cristina Cifuentes. A la policía le ha dicho que conserva una grabación en la que se oiría a su antiguo mentor, Álvarez Conde, presionándola para que firmara en falso.

Laura Nuño / Exsubdirectora del Instituto de Derecho Público, es una de las mejores cabezas del feminismo español y del disperso think tank de la izquierda madrileña. Directora del área de Género en la Universidad Rey Juan Carlos, ha sido mano derecha de Enrique Álvarez Conde en el Instituto de Derecho Público hasta que, el pasado 10 de abril, dimitió diciéndose «engañada» por el catedrático. Al día siguiente contó públicamente que no reconoce su firma en varias actas de convalidación de asignaturas a Cifuentes.

Amalia Calonge / Funcionaria de la URJC, en las calificaciones de Cifuentes, lo que en el año 2012 era un «no presentado» se convirtió en «notable» en el 2014 por la mano de esta directiva del vicerrectorado universitario. Y eso le ha costado un expediente disciplinario, pese a que ella ha declarado que, si cambió las notas, fue porque así se lo indicaron los profesores a través de correo electrónico.

Pablo Chico de la Cámara / Este catedrático de Derecho dirige el área de Ciencia Jurídica de la Universidad Rey Juan Carlos. Es el profesor que, supuestamente, ordenó cambiar las notas de Cristina Cifuentes en el 2014. En la ciudad de Pozuelo, bastión del PP madrileño, preside el Tribunal Económico-Administrativo Municipal.

Fernando Suárez Bilbao / Catedrático de Historia del Derecho y exrector de la Universidad Rey Juan Carlos, hijo del historiador franquista Luis Suárez, hasta ahora el escándalo más sonado en la trayectoria de la URJC llevaba su nombre. El predecesor del actual rector tuvo que dimitir de su cargo en febrero del 2017 por un escandaloso caso de plagio. Fue la mano derecha del rector Pedro González-Trevijano, bajo cuyo mandato se matriculó y obtuvo su máster Cristina Cifuentes.

Margarita Rossignoli / Fiscal jefa de Móstoles, seis de sus 25 años de carrera los ha pasado en la ciudad, a la que llegó desde un destino en las Rías bajas gallegas. Es experta en delitos de tráfico, pero es un caso de supuestos cohecho y falsedad en documento el que la ha metido en la tormenta política madrileña. La Fiscalía provincial de Madrid, apreciando los indicios de delito que le señalaba el escrito de unos estudiantes, le ordenó abrir diligencias el pasado 5 de abril. Al día siguiente, el rector le entregó la documentación que obraba en poder de la Universidad Rey Juan Carlos. La pasada semana, policías enviados por ella empezaron a interrogar en el campus.