La Fiscalía General del Estado tiene algo muy claro: si hay una declaración unilateral de independencia de Cataluña, actuará con todas las consecuencias contra todos sus responsables. De hecho lleva semanas trabajando en una querella por rebelión contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que finalmente interpondrá ante el Tribunal Supremo. Pero viendo el cariz que toma el día el 'president' no irá solo ante los tribunales, sino que también le podrán acompañar los miembros el Govern que le hayan secundado y previsiblemente los de la mesa del Parlament que hayan permitido su votación.

Este miércoles la fiscalía hizo público una escueta nota en la que afirmaba esperar "que no llegue el momento de tener que ejercer acciones", pero añadía que una vez "llegado, se ejercerán contra todos quienes hayan participado en los hechos". Para ello deberá valorar la actuación de cada uno de los protagonistas de la jornada, determinar si es constitutiva de delito y "concretar la imputación" que le corresponde. Fuentes fiscales añadieron que el ministerio público interpondrá la querella anunciada en cuanto sea completada con todo lo que ocurra a lo largo de este viernes.

La genérica afirmación sirve incluso para pensar que el fiscal también puede actuar contra los firmantes de la propuesta de constitución de una república catalana, "como un estado independiente y de derecho", presentada en el Parlament con las rúbricas de Lluís Corominas y Marta Rovira, presidente y portavoz del grupo parlamentario de Junts pel Sí, y Mireia Boya y Anna Gabriel, sus homólogas en el de la CUP. De hecho para evitar consecuencias legales el Parlament podría aprobarla en voto secreto, lo que evitaría que quedara constancia de cómo se han pronunciado los diputados catalanes en relación con la independencia catalana.

Con efectos en toda España

Las fuentes consultadas dan por consumada la sedición y consideran que existiría una rebelión "de libro", si se declara la independencia. El artículo 472 del Código Penal castiga a los que "se alzaren violenta y públicamente" para derogar, suspender o modificar la Constitución; destituir al Rey, o declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Cualquiera de estas tres vías parecen atribuibles a una declaración de una república catalana. Al tratarse de ser un delito de resultado, se considera que sus efectos se extienden a toda España, por sus consecuencias económicas y lo que supone para la organización del Estado, por no hablar de que se cree que parte de los actos preparatorios se realizaron en Francia.

El requisito de violencia necesario para que se dé este delito se entiende ya cumplido, incluso, únicamente con la "coactiva" vivida el pasado 20 de septiembre en las concentraciones que obstaculizaron la labor de la comisión judicial enviada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona a realizar 14 arrestos y más de 40 registros. Lo que pasó entonces, capitaneado por la ANC y Òmnium, forma parte de un plan preconcebido encaminado a lograr la independencia, según el último informe de la Guardia Civil aportado en la Audiencia Nacional, que incluye, además, lo ocurrido hasta el 1-O.