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La crisis catalana

El punto clave de la violencia...

Las acusaciones afrontan el juicio con discrepancias sobre los delitos cometidos . Que el Estado solo acuse por sedición dificulta que la fiscalía sostenga la rebelión

 

Imagen del Salón de Plenos del Tribunal Supremo, donde se celebrará el juicio a partir de mañana. - EFE / ANGEL DÍAZ

ÁNGELES VÁZQUEZ cordoba1@elperiodico.es MADRID
11/02/2019

Si alguien cuenta con un punto a su favor de cara al juicio que comenzará mañana contra los líderes del procés es la fiscalía, cuyos representantes a grandes rasgos piensan de una forma muy similar a la que, en general, mantienen los jueces ante los hechos que se juzgan, todos ellos realizados a la luz del día.

Mientras las defensas esgrimen sin margen alguno para la duda que poner urnas no puede ser delictivo en democracia, fiscales y jueces no encuentran dificultad en apreciar la gravedad que entienden encierra el haberlo hecho saltándose las resoluciones del Tribunal Constitucional y las normas del propio Parlament.

No en vano, tanto fiscales como jueces comparten temario para lograr su plaza y juran y prometen la misma Constitución que los que se sientan en el banquillo acusados de habérsela saltado a la torera. De ahí que al menos aparentemente la acusación tenga gran parte del camino andado. En la vista, como ocurrió durante la instrucción, el debate se centrará en la violencia.

En si hubo la suficiente para condenar por rebelión, como sostienen -al menos de momento- la fiscalía y la acusación popular que ejerce Vox, o no, lo que obligará a que el único delito con posibilidad de ser aceptado por el tribunal sea el de sedición. Por este último se decantó la Abogacía del Estado, que terminó apartando del caso a quien la había representado durante la instrucción por apreciar que hubo violencia. Ello explica el contraste del relato de lo sucedido en el otoño del 2017 que se ve en los escritos de acusación de la fiscalía y la Abogacía del Estado. Los primeros mencionan hasta 14 veces la palabra «violencia» y los segundos optan por términos mucho más diluidos, como «altercados» o «disturbios».

petición de 74 años de pena / Para la fiscalía, el hecho de que los acusados asumieran la posibilidad de que se produjera una violencia manteniendo el referéndum ilegal del 1-O pese a las advertencias de la cúpula de los Mossos es suficiente para entender que se cometió rebelión. Por ello pide 25 años de prisión para el principal acusado, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, una pena que la Abogacía del Estado limita a 12 y la acusación de Vox eleva hasta los 74.

Para el fiscal, además de los episodios que califica de violentos del 20 y 21 de septiembre en la Consejería de Economía y donde había registros de la operación Anubis, el Govern asumió una estrategia de confrontación entre los ciudadanos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hizo del 1-O un «levantamiento generalizado salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia». A ello obedecen los policías lesionados que ha llamado a declarar frente a los votantes, mencionados por las distintas defensas.

Mientras que la fiscalía contaba con tener que demostrar sus acusaciones frente a la petición de absolución de las defensas, habitual en todos los juicios, en esta ocasión contará con la dificultad añadida de que la Abogacía del Estado, que durante la instrucción respaldó todas sus pretensiones, en el juicio, en línea con su escrito de acusación, niegue la mayor: que hubiera violencia.

Y en convencer al tribunal de que se cometió un delito u otro supone, por ejemplo, en el caso de Oriol Junqueras, jugársela a doble o nada. Los tres exconsejeros que se encuentran en libertad, a los que no se acusa de rebelión, sino de malversación y desobediencia, no se juegan tanto en cambio, porque ambas acusaciones piden para ellos siete años de cárcel.

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