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JUICIO AL ‘PROCÉS’

Puigdemont se negó a anular el 1-O pese al aviso de los Mossos

Oriol Junqueras creía que no habría resistencia de la gente

 

Emili Quevedo. -

J.G. Albalat
12/03/2019

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pretendía celebrar el referéndum unilateral del 1-O a toda costa y rechazó en dos ocasiones y con dos días de diferencia sendas peticiones de la cúpula de los Mossos d’Esquadra de que desconvocara la consulta ante el riesgo de que se produjesen episodios de violencia, «enfrentamientos» entre grupos soberanistas y otros contrarios a la independencia y «choques» de los concentrados con la policía. Las reuniones se produjeron el 26 y 28 de septiembre del 2017. Emili Quevedo, exjefe de planificación de seguridad de los Mossos d’Esquadra, sostuvo ayer que Puigdemont se amparó en que tenían un mandato de la ciudadana, «avalado por los resultados electorales». Les dijo: «entendemos que ustedes hagan lo que tengan que hacer, pero no habrá cambios en nuestros planes políticos».

En la primera reunión, del 26 de septiembre, participó Puigdemont y el entonces consejero de Interior, Joaquin Forn. El mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, explicó a Quevedo, según su versión, que en este encuentro intentaron «disuadir» al Gobierno catalán para que no se celebrara el 1-O, pero que no tuvieron éxito. Días después, el 28 de septiembre, y a petición de Trapero, se produjo una nuevo contacto en el Palau de la Generalitat con Puigdemont, Forn y Oriol Junqueras. En esa ocasión participaron más comisarios de la policía de la Generalitat para demostrar el desasosiego de la cúpula policial.

Los jefes de los Mossos volvieron a explicar al Ejecutivo catalán su «preocupación por el clima de tensión», a la vez que recordaron que ellos cumplirían con la orden judicial de impedir la votación y cerrar colegios electorales. «Forn no habló y Junqueras creía que no habría resistencia de la gente cuando los agentes intervinieran, mientras Puigdemont dijo que tenía un mandato que cumplir y que lo llevarían adelante», señaló.

Por otra parte, exdirectivos de la extinta Unipost explicaron ayer en el juicio que no se llegó a facturar a nadie los trabajos de reparto de las más de 45.000 cartas certificadas a nombre de los miembros de las mesas electorales del 1-O, ya que no recibieron el albarán de entrega ni instrucciones para distribuirlas. Este material, según admitió un alto cargo de la empresa, le fue entregado por dos desconocidos el 16 de septiembre en la calle.

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