Hoy es día D (o día F, según se mire). Casi 43 años después de la muerte de Francisco Franco, el Consejo de Ministros aprobará la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos, que se podría realizar en septiembre. El Gobierno plantea desenterrar al dictador en secreto para evitar protestas de sus defensores.
Así lo argumentó ayer la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, que defendió no informar del día de la exhumación. En declaraciones a Tele 5, reveló que su formación calcula que el traslado podría hacerse el mes que viene.
El Congreso tendrá que convalidar antes esta medida histórica, que el PP y Ciudadanos ya han dicho que no piensan apoyar, aferrándose a la forma técnica con la que el presidente Pedro Sánchez piensa blindarla: un decreto ley. El ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, acusó ayer a ambas formaciones de usar como «excusa» esta cuestión procedimental para oponerse a la exhumación de los restos de Franco. «Sorprende la diferencia entre la votación del año pasado, cuando el PP se abstuvo, pero nadie votó en contra, y la reacción de ahora», comentó, evocando el resultado del debate de hace un año en el Congreso sobre la exhumación. «Me sorprende la diferencia sin que haya habido motivos sustanciales -apostilló-. Que el tema sea que la figura es un decreto ley es una excusa porque el trasfondo es el mismo».
El ministro argumentó que «el Valle no es un patrimonio». «Mantener este tipo de lugares solo tiene sentido como ejemplo de lo que no debe volver a pasar, como pasa con los campos de concentración nazis», subrayó.
Guirao no fue el único en señalar a PP y Ciudadanos. Representantes de otras de fuerzas del arco parlamentario les culparon de escudarse en este formalismo para no posicionarse sobre el asunto de fondo: si se quiere o no realmente desenterrar a Franco para que el Valle deje de ser un punto de glorificación franquista.
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, señaló que sería una «pena» que este «debate de fondo» quede «oculto por una cuestión procedimental». En su opinión, resulta «francamente paradójico e incomprensible» que esa crítica la plantee «precisamente» el PP, «que ha hecho un uso abusivo del real decreto durante años».
Más contundente aún fue el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, que tachó de «lamentable» la posición de Partido Popular y Ciudadanos, a los que acusó de estar «peleando» por «buscar el voto de gente afín a la dictadura», cuando, además, «no hay tantos fascistas».
EL PASADO / Más allá del procedimiento del decreto ley, para no meterse en asuntos de memoria histórica, Cs y el PP vuelven al clásico argumento de que «no hay que reabrir heridas» ni volver a «batallas fratricidas». Si Albert Rivera y Pablo Casado blandían esta idea el miércoles, ayer incidió en ella el secretario general de los populares, Teodoro García. Preguntado por si apoyaría una eventual anulación de los juicios de la dictadura (a la que PP y Cs se oponen), señaló que no se siente «preparado para revertir el consenso constitucional» de la Transición porque «mirar al pasado no es bueno».
