La comisión territorial en el Congreso creó altas expectativas cuando nació, hace poco más de un año. Sobre todo, en el PSOE. Los socialistas arrancaron a Mariano Rajoy la creación de este organismo a cambio de su apoyo al artículo 155 de la Constitución en Cataluña. La comisión debía analizar las deficiencias del modelo autonómico y ser el embrión de una reforma constitucional. Sin embargo, la iniciativa se topó con todo tipo de obstáculos nada más empezar a trabajar. Los partidos independentistas, el PDECat y ERC, se negaron a participar. Tampoco Podemos quiso querido sentarse allí. El PP tuvo prisa en decir no a cambiar la Carta Magna. Y Ciudadanos, por último, también acabó levantándose. Solo quedan los socialistas y los populares, junto a diputados de formaciones pequeñas como Compromís y UPN, y las expectativas son ahora mucho más bajas. Pero los dos partidos mayoritarios quieren reflotar el organismo.

Los socialistas temían que la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa terminara de hacer saltar todo por los aires. El PP opone mucha resistencia a pactar desde entonces cualquier asunto con el PSOE, mucho más de índole territorial. Sin embargo, los populares no van a abandonar el ente, cuyo nombre completo es comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico. «Somos un partido de Estado, responsable. No somos como Ciudadanos», explican en el partido que dirige Pablo Casado.

PRESENTAR CONCLUSIONES / La sintonía con el PSOE en este terreno va más allá. La semana que viene, o a más tardar la siguiente, el presidente de la comisión territorial, José Enrique Serrano, reunirá a la mesa y a los portavoces del organismo para ordenar sus futuras sesiones. Fuentes socialistas explican que Serrano, que fue jefe de gabinete de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, propondrá dos cosas: acotar el número de comparecientes y programar más reuniones, con el objetivo de intentar terminar los trabajos y presentar sus conclusiones (que a su vez deberán ser votados por el pleno del Congreso) antes de que acabe esta legislatura, cuya duración es incierta.

El número de personas que aún debe acudir a la comisión es de casi 200. «Son demasiados. No es operativo. Tenemos que reducirlo a la mitad», explicaron fuentes socialistas.