Las permanentes de las ejecutivas del PSOE y del PSC se han reunido este viernes en Barcelona con un plan bajo el brazo para Cataluña. El documento pactado plantea "una oferta política para que, en beneficio de todos los catalanes, el choque de trenes del próximo 1 de octubre no se produzca". Además de la ya anunciada reforma constitucional para apostar por una España 'plurinacional' y reconocer "las aspiraciones nacionales de Cataluña", de mejoras en la financiación e inversiones y la recuperación de los artículos recortados del Estatut, también se plantean medidas en el ámbito simbólico. Además de una ley de lenguas, también se ha decidido impulsar iniciativas como una PNL para anular el juicio a Lluís Companys y otras sentencias de la dictadura.

El encuentro ha servido para poner en orden algunas de las propuestas que el líder del PSOE ya había desgranado durante las primarias y que se plasmaron por escrito en el congreso del partido, como la apuesta por la plurinacionalidad. La hoja de ruta se fija en tres tiempos, con medidas a corto, medio y largo plazo. Aunque no se haya querido poner una fecha límite para muchas de ellas y se asuma que muy pocas se podrán llevar a cabo antes del 1-O, de esta forma se pretende señalar que hay otro camino para mejorar el autogobierno en Cataluña frente al independentista.

Un sistema de financiación "más justo y equitativo" y de las inversiones son dos de los asuntos que se consideran prioritarios. Pero tampoco se quiere dejar de lado otros aspectos de corte más simbólico, como pueden ser, por ejemplo, medidas en la línea de avanzar en la co-capitalidad, e impulsar la ley que el PSC y el PSOE defienden para poder dirigirse al Estado en catalán, euskera y gallego. Aunque son conscientes de que el poder de veto del PP en el Senado para tumbar muchas de estas iniciativas, confían en que esta hoja de ruta pueda al menos des-enrocar a ambos gobiernos.

La PNL, que presentará en el Congreso Meritxell Batet, plantea anular el juicio al 'president' Companys al considerar su condena "ilegítima, radicalmente nula e injusta y absolutamente falta de eficacia y validez". De la misma manera plantea anular los juicios franquistas contra quienes defendieron la legalidad insitucional, pretendieron el restablecimiento de la democracia o intentaron vivir conforme a opciones amparadas en los derechos y libertades hoy reconocidos en la Constitución.