La primera acusada en declarar ante el tribunal que juzga a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por el caso máster no le ha puesto las cosas fáciles para cuando este viernes le llegue el turno de comparecer. Cecilia Rosado, directora del Máster en Derecho Autonómico y Local del Instituto de Derecho Público, asociado a la Universidad Rey Juan Carlos, que se supone que Cifuentes cursó en el 2012, explicó que se sintió tan presionada por su jefe, el catedrático Enrique Álvarez Conde, y por la asesora de la comunidad de Madrid María Teresa Feito, que hizo un acta de evaluación del trabajo fin de máster (TFM) de la política, pese a creer que nunca existió. En una de las llamadas, Feito le dijo: «Si no me envías el acta, Cifuentes os va a matar a vosotras y al rector». La expresidenta madrileña, que se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de prisión, lo esgrimió para salir al paso de la exclusiva de Eldiario.es que denunciaba que el título le había sido regalado.

Cecilia Rosado, para la que la fiscalía pide 21 meses de cárcel por haber colaborado con la investigación, admitió ante el tribunal presidido por Luis Carlos Pelluz haber accedido a falsificar el acta y haberlo firmado por otras dos profesoras, para aparentar que las tres constituyeron el tribunal que lo evaluó. Lo justificó en el «ostracismo» académico en el que unos años antes la había sumido el fallecido Álvarez Conde, que, como catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y director del Instituto de Derecho Público, ejercía un gran poder.

LAS INSTRUCCIONES

Con esos antecedentes, y tras recibir 24 llamadas y 15 sms suyos, advirtiéndola de que había «que arreglarlo, porque, si no, iba a tener consecuencias graves a nivel laboral», Rosado se puso en contacto con Alicia López de los Mozos y Clara Souto para explicarles la situación y realizar una videoconferencia en la que ambas le mostraron cómo era su firma para que ella la pudiera reproducir. A continuación envió el acta por un correo que creó para ello, siguiendo las instrucciones del que consideraba su jefe.

De María Teresa Feito recibió ocho llamadas más las cuatro que ella misma le hizo. En ellas la exasesora autonómica le insistió en que había que encontrar el trabajo de la expresidenta, porque si no, las iba a matar. Habló a través de Feito con el rector, al que dio por buena el acta que había hecho. Tanto la expresidenta madrileña como Feito se enfrentan a tres años y tres meses de cárcel por inducir a la falsificación del documento oficial.

RECOGER EL TÍTULO

Por su parte, Feito negó haber sido amiga de Álvarez Conde y sostuvo que ella solamente se había visto implicada en el caso por haber acompañado a Cifuentes a recoger su título a la universidad, como hacía con otros estudiantes, por las dificultades del campus.

Ante su empecinamiento en asegurar que ella solo era una asesora de bilingüismo, sin relación con el polémico máster, la fiscala Pilar Santos Echevarría tuvo que esforzarse para que dijera que la acompañó porque se lo pidió el gabinete de la presidenta.

Y por eso la funcionaria suspendida durante un año por cambiar la nota de Cifuentes, Amalia Calonge, y la jefa de gabinete de la presidenta se dirigieron a ella cuando saltó el escándalo. Aunque, según dijo, las remitió a Derecho, pidió explicaciones a Álvarez Conde, que respondió que «todo estaba bien», y a Rosado, pero no para amenazarla, porque no tenía dudas de que todo estaba en orden y «un TFM no se puede hacer en dos horas», sino porque es «muy pesada con el teléfono»

Feito negó ante el juez que dijera que «Cifuentes, les iba a matar» y también insistió en que gracias al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, se cerró el Instituto de Derecho Público (IDP), del que dependía dicho máster, y se auditó.

Cifuentes dimitió el 25 de abril del 2018 cuando se sumaron unas imágenes en las que se le ve dando explicaciones a un guarda de seguridad en un supermercado.