La organización Human Rights Watch (HRW) considera que la Guardia Civil y la Policia Nacional hicieron un «uso excesivo de la fuerza» contra los votantes del referéndum unilateral del 1-O. En su informe anual del 2017 afirma que la votación fue «alterada» por las cargas policiales e insta a las autoridades españolas a investigar con «independencia e imparcialidad» los actos de violencia que tuvieron lugar en dicha fecha.

La versión de la oenegé contradice así la expresada ayer mismo por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que afirmó que la policía realizó un uso de fuerza «mínima» y «proporcionada». En su informe anual, presentado el jueves en París, HRW dedica un breve apartado a España y otros países de la Unión Europea en el que constata que el referéndum del 1 de octubre se celebró pese a que el Tribunal Constitucional lo había suspendido.

No obstante, la organización considera que la crisis en Cataluña, en su conjunto, es un «asunto político», y no de derechos humanos, por lo que no le corresponde opinar al respecto. Solo lo hará en casos de uso excesivo de la fuerza policial, como en el 1 de octubre. «HRW se centra en cómo trató la policía a los manifestantes porque eso es un tema claro de derechos humanos, pero la cuestión más amplia de si Cataluña debería ser parte de España no es un tema sobre el que vaya a pronunciarse», aclaró el director ejecutivo de la organización, Ken Roth. De ahí que en el informe solo figure la valoración sobre las cargas policiales del 1-O, y no sobre el proceso secesionista.

Roth puntualizó que aunque «el derecho a la autodeterminación se encuentra en los tratados, «no hay una definición» sobre cuál debería ser el sujeto que reclama ese derecho, si España, Cataluña o la UE, razón por la que «se ve como una cuestión política más que de derechos humanos».

El posicionamiento de HRW sigue la estela de otras organizaciones similares, como Amnistía Internacional, que tras la encarcelación de los Jordis rechazó que fuesen considerados «presos políticos». La argumentación de la oenegé es que no emplea el término preso político porque no existe una definición a nivel internacional y, por ello, prefiere la expresión «preso de conciencia».

En cualquier caso, Amnistía Internacional consideró en su día que los exlíderes de la ANC y Òmnium no cumplen los requisitos para ser denominados «presos políticos», ya que «son acusados de actuaciones que pueden constituir delito», aunque sí exigieron la retirada de los cargos de sedición y el fin a su encarcelamiento preventivo.