Ciudadanos firmó en Murcia un pacto de investidura con el PP según el cual facilitaba la presidencia de Pedro Antonio Sánchez a cambio de, entre otras condiciones, «separar de inmediato de cualquier cargo a un imputado por corrupción política hasta la resolución completa del
procedimiento judicial». Aferrándose a esta y otras razones, Podemos trata de sumar a la fuerza naranja al conjunto de grupos que impulsan una moción de censura contra el jefe del Gobierno regional, imputado por las presuntas irregularidades en la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando fue alcalde de ese municipio.
El presidente murciano sigue enrocado y descarta dimitir pese a que él mismo garantizó en su momento que lo haría si finalmente resultaba imputado en el caso Auditorio.
Con el PSOE e IU soplando a favor, Podemos presiona a C’s para echar a Sánchez, aunque el líder de la formación morada en Murcia, Óscar Urralburu, fue más allá y avisó de que no aceptarán ningún recambio del PP «porque es el partido de la corrupción». Todo dependerá de hasta dónde quiera ceder cada partido, aunque sí es cierto que C’s ya ha exigido la dimisión de Sánchez por mucho que la portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, alegara que el presidente no está imputado «formalmente».
En defensa de Sánchez, la portavoz de su Gobierno arguyó que el presidente regional «está citado para poder declarar y aclararlo todo». Y agregó: «Ponemos la línea roja, como el resto de partidos, en la apertura de juicio oral, nunca en el derecho que tienen los ciudadanos de asistir junto a su abogado para dar explicaciones», puntualizó Noelia Arroyo. Asimismo, la portavoz defendió el mismo argumento que esgrimen otros dirigentes del PP, pues entiende que en el caso Auditorio «no se habla de corrupción política», porque nadie pone en duda que «todo el dinero está en la inversión de la obra», el auditorio de Puerto Lumbereras, y lo que puede haber es un «error en un procedimiento administrativo».
Tanto el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, salieron a defender a Sánchez. Catalá se escudó en la presunción de inocencia y reclamó «prudencia y mesura» a C’s, mientras que Maíllo abundó en que nadie acusa a Sánchez «de llevarse ni un solo euro». «No es lo mismo meter la pata que meter la mano», recalcó, antes de insistir, como hizo la víspera Mariano Rajoy, que las 16 «denuncias políticas» que se han presentado contra el dirigente han sido todas archivadas.
La polémica ha ganado enteros con los días y ha saltado al Congreso. En la reunión de la mesa de ayer se dio luz verde a la comparecencia urgente en la Cámara del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que explique si hubo presiones políticas para que el ministerio público no pidiera la imputación de Sánchez con motivo de otra investigación, el caso Púnica. Tres fiscalas que trabajaron este expediente estaban a favor de la imputación de Sánchez, pero la Fiscalía del Estado opinó lo contrario.
