El PP ha decidido subirse a la ola de actualidad para intentar evitar que un Congreso en el que no tienen mayoría le exija, formalmente, la derogación de una de sus reformas legales más polémicas: la prisión permanente revisable, que vio la luz en el 2015. Los populares defienden su efectividad y admiten que atreverse a aprobarla en España les reconcilió entonces con la parte más conservadora de su electorado. Ahora consideran que tirar la toalla y permitir que sea derogada sin dar la batalla ante la oposición supondría, entre otras cosas, enfrentarse a sus simpatizantes cuando las encuestas no les son propicias y tienen "más competencia", en palabras del propio Mariano Rajoy.

Además el caso Diana Quer parece haber hecho que esta figura penal sea apoyada por un espectro social más amplio que cuando salió adelante, sostienen dirigentes populares consultados, y ven en ello una oportunidad para crecer y también para erosionar a Ciudadanos -en estos momentos una obsesión en la sede de la calle Génova- que les sigue comiendo terreno desde el 21-D. Se plantean incluso presentar otra medida legislativa para reforzar la prisión permanente en el Código Penal, incluyendo para su aplicación a los asesinos u homicidas que no confiesen la localización del cadáver.

"Hay una corriente de opinión pública muy mayoritaria a favor de la prisión permanente revisable tal y como está prevista en nuestro Código Penal. Así lo demuestra la iniciativa en change.org pidiendo la no derogación", recuerda el PP a sus cargos electos en un ‘argumentario’ que les ha sido enviado para animarles a defender esta figura. Se refieren al hecho de que los padres de Diana Quer, junto a los de otras víctimas que iniciaron la recogida, llevan conseguidas más de 700.000 firmas para reclamar que no se derogue.

¿Cadena perpetua disimulada?

Fuentes de la cúpula del PP señalan que el partido de Albert Rivera ha tratado en lo posible de "ponerse de perfil" ante este asunto, evitando el "compromiso ideológico". Lo cierto es que los naranjas insisten en el día a día en el discurso del cumplimiento íntegro de las penas para casos graves, resistiéndose a ir más allá como pretende el PP. Cuando el pasado mes de octubre los peneuvistas impulsaron en pro de la derogación de la prisión permanente una proposición de ley, que fue aprobada y deberá continuar próximamente su tramitación, Ciudadanos se abstuvo. "El debate sobre la prisión permanente nada tiene que ver con el cumplimiento íntegro de penas. Son compatibles", añaden los populares en el ‘argumentario’ antes citado.

Quienes sí avalaron la posición del PNV fueron el PSOE, Unidos Podemos y otros partidos como Compromís y Bildu. Los 17 diputados de los grupos independentistas catalanes no participaron en aquella sesión por la situación que se estaba viviendo en Catalunya, aunque su postura siempre ha sido de rechazo.

No se espera que cuando el debate sobre la prisión permanente revisable se recupere con el nuevo curso político en el Congreso alguno de estos grupos cambie de bando, puesto que todos ellos llevan años oponiéndose frontalmente a lo que creen una "cadena perpetua" disimulada que no encaja en la Constitución, que incluye el derecho a la reinserción de los penados sin matices. Prácticamente todos llevaban la derogación en sus programas electorales y avalaron un recurso ante el Alto Tribunal que sigue pendiente de resolución.

Buscar la debilidad de Cs en los territorios

Pero el PP está convencido de que puede hacer de la necesidad, virtud y sacarle partido a la pugna con la oposición que se le viene encima para defender que su reforma siga vigente. Los populares llevan semanas además dándole vueltas a cómo enfrentar este debate para presionar a Ciudadanos e intentar forzarles a cambiar de criterio. O, al menos, dejarlos en evidencia frente a potenciales electores de centro-derecha por una supuesta "falta de principios ideológicos claros".

Y quiere hacerlo en toda España, aprovechando que Ciudadanos "no tiene políticos con experiencia" en parlamentos autonómicos y municipios y que la actualidad ha levantado interés por el futuro de esta llamativa figura penal. Por eso el equipo de Rajoy ha ordenado presentar mociones en defensa de la prisión permanente revisable para su discusión en todas las Cámaras y consistorios del país, además de en Congreso y Senado.